Conflictos socioambientales y mineros en el Perú

Aunque el número de conflictos relacionados con la minería se ha reducido considerablemente desde 2010, algunos de los que sí ocurrieron han escalado en forma violenta, como es el caso de las protestas en contra del proyecto minero Tía María. Ante estas situaciones, el papel que representa el gobierno y la apertura hacia el pensamiento y las soluciones creativas son fundamentales para aprovechar adecuadamente las oportunidades de desarrollo.

A junio de 2015, se registraron en total 149 conflictos en el Perú, 72 de los cuales son conflictos mineroambientales,
lo que representa una reducción desde 81 conflictos en junio de 2014 y 105 conflictos en junio de 2013. Parte de esta reducción en el número de conflictos es consecuencia de los esfuerzos que las empresas mineras han puesto por atender los pedidos de las comunidades involucradas, como el conflicto entre la comunidad campesina de Quinchas
y la empresa minera Raura S.A.C., resuelto en mayo de 2015, cuando la entidad privada se comprometió a dotar
de cisternas a la población y a elaborar el perfil de proyecto de la carretera a Raura, además de otros acuerdos.

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos, la región Cajamarca se ubica en primer lugar, con 12 conflictos; seguida de Apurímac, con 11; Puno, con 9; y Ancash, con 8 conflictos. Arequipa se ubica en el puesto décimo, con 2 conflictos. No obstante, en lo que va del año, la magnitud de las protestas en contra del proyecto minero Tía María ha colocado a este caso como el evento crítico de mayor importancia en el radar político nacional.

Considerando los casos de Cajamarca y Arequipa, resalta que la gran mayoría de conflictos minero-ambientales involucra a comunicades con temor a que las operaciones mineras afecten sus niveles de producción agropecuaria, ya sea por una reducción de los recursos disponibles de agua o tierra, o por la contaminación de los mismos.

Agricultura y minería: ¿juegos de suma cero?

Schelling indica que los conflictos son situaciones estratégicas y de negociación en las que la habilidad de un participante para lograr sus fines depende de las elecciones y decisiones de los otros participantes. Las acciones de cada parte estarán guiadas a la obtención de un máximo beneficio individual, a expensas de una situación que beneficie a ambas partes e implique el sacrificio de parte del beneficio individual –en juegos de suma cero– o equilibrio de Pareto.

Considerar que las actividades mineras solo pueden realizarse a expensas de las agropecuarias es pensar que estas situaciones son un juego de suma cero. En este contexto, es sumamente importante pensar “fuera de la caja”, con creatividad.

Algunos casos en nuestro país presentan cierto éxito al momento de gestionar conflictos mediante técnicas creativas adaptadas a nuestra realidad. Fiorella Triscritti indica que, en ciertas áreas, la gestión de las relaciones comunitarias de las mineras ha logrado reducir la magnitud del conflicto, mediante la promoción de la inversión responsable de las empresas mineras a través de las asociaciones público-privadas. Sin embargo, esta solución podría sólo ser de compromiso –buscando solo mitigar los problemas a través de una serie de compensaciones–, antes que de colaboración –una situación de ganar-ganar–.

Los modelos microeconómicos del conflicto, como el de Hirshleifer, sugieren que la complementariedad de las
actividades productivas reduce las intenciones de que un grupo aumente sus actividades de conflicto. Entonces, las
asociaciones público-privadas deben necesariamente involucrar esfuerzos para incrementar la producción de las partes en el conflicto, como, por ejemplo, la construcción de carreteras.

El papel del gobierno en la resolución

En Perú, la expansión de grandes proyectos mineros ha desencadenado conflictos que han escalado bajo una pobre
supervisión del Estado. De acuerdo con Triscritti, la evidencia histórica indica que, antes de implementar soluciones como las asociaciones público-privadas u otras, es necesario un sólido marco democrático, con una atenta gestión pública de los recursos naturales.

Por ejemplo, las consultas previas son un mecanismo que puede hacer más daño que bien. Como señalan Acemoglu
y Robinson , el poder político puede no estar repartido equitativamente entre la población, de manera que los
intentos por democratizar la decisión de inversión –licencia social– no funcionarán: el poder está repartido entre una élite “dirigencial”, y no entre la población en su conjunto.

Lo cierto es que, en el futuro, los conflictos seguirán presentes como parte natural de la historia de la humanidad. Siendo esto así, los avances hacia el desarrollo económico requieren, de manera imprescindible, del fortalecimiento de las instituciones públicas encargadas de apoyar la resolución de dichos conflictos.

Publicado en Mercados & Regiones número 11, setiembre de 2015

Sea el primero en comentar sobre "Conflictos socioambientales y mineros en el Perú"

Deje un comentario