El delantal de Tía María

He tenido la oportunidad de conocer por dentro el Valle de Tambo, fui invitado a participar de diversos proyectos sociales y educativos en distintas ocasiones desde hace seis años. Conozco y disfruté de tan bellos paisajes y de muy apreciable gente. Y es por eso que lo que sucede ahora allí siento que es de mi incumbencia, como si el solo hecho de tener tantas amistades del lugar, recordar pláticas y experiencias me dieran no un derecho, sino el deber de escribir mi testimonio como testigo, el testimonio, si quieren, de un “ajeno” que no se siente así.

ESCRIBE FERNANDO RAMÍREZ LAZO, ESPECIALISTA EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

En el valle de Tambo

He conocido a familias “golondrinas” –suena feo, es verdad–: cientos de personas que viajan por temporadas a distintos puntos agrícolas del sur de nuestro país para ayudar en las siembras y cosechas. Son nuestros nómades del siglo XXI. Su única preocupación es sobrevivir, que no les falte el pan… Pensar, por ejemplo, en educación superior para sus hijos es solo una ilusión que les produce sentimientos encontrados.

También he conocido a los pequeños agricultores del valle, como el señor Gustavo Núñez, presidente de la Junta de Usuarios de Punta de Bombón, a quien he visto derramar lágrimas de indignación por la amargura de tantas luchas en vano por su pueblo ante un Estado inerte, inexistente. Me parecía increíble que algo así pueda suceder en realidad y, más aún, a tan solo dos horas y media de otra realidad, la mía.

El INEI y otras fuentes señalan que el 57% de los hogares del valle está conformado por familias de hasta seis miembros; un 25% tiene hasta 9 miembros. El 87% tiene como promedio de ingreso desde S/. 400 a S/. 1,500 mensuales. Aproximadamente, el 30% de la población se dedica a la agricultura; el otro 70% agrupa a amas de casa, comerciantes, estudiantes, profesores, albañiles, etc.

Según Sedapar, en el 2013 en Cocachacra solo 1,055 hogares contaban con el servicio de alcantarillado; 4,283 no lo tenían. Por el lado de la salud, la provincia de Islay tiene un solo hospital; es de nivel II, es decir que brinda servicios básicos y algunas especialidades, y está en Mollendo. El 42% de la población del valle de Tambo está conformada por niños y jóvenes de hasta 24 años y solo tienen un centro de estudios superiores, el Instituto Superior Tecnológico valle de Tambo, que abrió sus puertas el 2005 por iniciativa no del Gobierno, sino del Rotary Club de Yanahuara, Arequipa.

He oído frases que, de inmediato, se han quedado grabadas en mi memoria –comprenderán por qué–. Algunos líderes antimineros, dirigiéndose a los campesinos y jornaleros, les decían: “¡Si viene la mina se van a abrir los campos y de ellos saldrá fuego, todas las cosechas se quemarán y sus tierras se convertirán en inservibles!”, “¡Con la mina vendrá la prostitución; sus hijas y hasta sus hijos serán prostituidos!”, “¡¿Acaso saben algo de mina?! No, solo saben sembrar y cosechar. ¡No habrá trabajo para ustedes, las tierras serán abandonadas!”. Estas son algunas de las frases tipo arenga que desnudan muchas cosas y que se escuchan en la zona por parte de quienes dirigen ahora una huelga, que mejor se entiende como “paro”, porque es eso al final, una paralización, un estanco.

Cuando pregunto a quién conviene todo esto, hay respuestas provenientes de distintas fuentes que luego, en algún punto, se encuentran siempre: economía y política.

Motivo económico, porque los agricultores que tienen grandes espacios de tierras manifiestan no convenirles la presencia de la mina; suponen que se alterará su modus vivendi de alguna manera, la mano de obra se encarecerá, habrá otro tipo de competencia (indirecta), etc.

La causa política, bajo peculiares liderazgos: Pepe Julio Gutiérrez, condenado por colusión y denunciado por malversación de fondos en contra de los municipios de Yura y Cocachacra; Jaime de la Cruz, quien ha tenido denuncias de sus propios vecinos de El Arenal por problemas de venta de tierras –acciones similares que han llegado incluso hasta el Cono Norte de Arequipa en perjuicio de pobladores de Punta de Bombón–; Jesús Cornejo, quien este año, siendo presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, alquiló maquinaria a Southern Perú para las obras de agua y alcantarillado que la empresa hace para los pobladores de El Fiscal –siendo el señor antiminero, y faltando a los estatutos de la Junta de Usuarios, que prohíben el uso de su maquinaria para otra cosa que no sea la agricultura–.

Supe, al fin, que lo que termina por unir a estos personajes es el Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, organización política a la que pertenecen Pepe Julio Gutiérrez y Jesús Cornejo, y como simpatizante –o más– Jaime de la Cruz. Me recordaron que el mismo Marco Arana estuvo presente en su toma de mando, y vino a mi memoria la noticia de que el ex-sacerdote, desde ahí, pidió la paralización de Tía María.

Esto me remite a las elecciones. Ninguno de los alcaldes que están en contra del proyecto ha ganado por mayoría. Jaime de la Cruz, quizás el más confrontacional de los cuatro, obtuvo la alcaldía con solo 28.66% de votos; es decir, más del 70% de la población simplemente quería otro candidato y no a él.

Y, claro, conocí más de cerca a Southern Perú, empresa que tiene un pasivo histórico innegable, quizás el motivo de fondo de la oposición al proyecto Tía María. A él se le suman otras razones –digamos, de parte de la empresa–, como la mala estrategia de comunicación utilizada en su primera tentativa de iniciar el proyecto y, por supuesto, las 138 observaciones realizadas al EIA de entonces por la UNOPS.

También recuerdo el 29 de enero de 2015 como el día en que vi volver a nacer la intolerancia. Hubo en Cocachacra aproximadamente 1,500 personas reunidas y movilizándose a favor del proyecto y unas 300 en contra, que terminaron encontrándose en la Plaza San Francisco con actos violentos provocados por los antimineros. Fue noticia en su momento y, claro, informada por distintos medios y de distinta manera. Pero esa marcha no terminó ese día: en las noches siguientes, algunas de las casas de las personas que se manifestaron a favor del proyecto Tía María fueron atacadas, vidrios rotos, niños, niñas, familias en pánico, como la de la señora Ana María Valderrama.

Decía que había tenido la oportunidad de conocer el valle de Tambo desde adentro y, ahora, puedo afirmar con conocimiento de causa que no es desde hace un mes que viven un “estanco”, sino desde hace décadas, y que necesitan un despertar hacia el desarrollo. Ahí la relevancia de Tía María como oportunidad: su EIA ya fue aprobado y el proyecto respaldado por un Gobierno que no es que haya perdido confianza, sino que nunca la tuvo, como sucede en distintas partes de nuestro país: el Estado en su estado de ausencia. Pero más allá, al final, los perjudicados terminan siendo la mayoría de la población del valle de Tambo, de la provincia de Islay. ¿No sería mejor darse un voto de confianza mutua, que el uno, el otro y aquel se den la mano, se observen –si quieren, hasta vigilen– y avancen para beneficio de la población y salir por fin de este “estanco”?

El bien común es el bosque y muchas veces los intereses son el árbol: deben dejar de mirar solo el árbol para apreciar el bosque. Ahora, todos los sentados a la mesa tienen que ser muy creativos para encontrarse, no con “razones técnicas”, sino con formas rentables y decorosas que permitan a todos ganar y ganar; algo complicado, sobre todo en el campo político, pero no imposible. Caso contrario, tendremos que sacar de esto las mejores lecciones, que se escriban en la historia y que nos sirvan para madurar como sociedad.

Esta experiencia me genera otras preocupaciones: entre ellas, el rol de los medios de comunicación. Por sus sesgados puntos de vista y/o nulo o tibio trabajo de investigación, muchas veces provocan más bulla y menos concentración.

Publicado en Mercados & Regiones número 7, abril de 2015

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