Obras por Impuestos: Una alternativa para la inversión pública y privada

La Ley N°29230, “Obras por Impuestos”, brinda a la empresa privada la oportunidad de financiar obras públicas y recuperar la inversión realizada, a través de la reducción del pago del impuesto a la renta; de esta manera, la empresa puede generar un aumento en la eficiencia de sus programas de responsabilidad social, con obras de gran impacto social.

ESCRIBE IVÁN FRÍAS LIZAMA, GERENTE SENIOR DE AUDITORÍA DE EY (ANTES ERNST & YOUNG)

En esta línea, el 23 de enero de 2015 fue publicado, en el Diario Oficial El Peruano, el Reglamento del artículo 17 de la Ley N°30264, que incorpora a las entidades del Gobierno Nacional en los alcances de la Ley N°29230, “Obras por Impuestos”.

El esquema de inversión de obras por impuestos ha venido creciendo sostenidamente desde su creación en el año 2009. Del 2009 a la fecha, 33 obras fueron culminadas, 106 se encuentran en ejecución y han sido emitidos 22 CIPRL (Certificados de Inversión Pública Regional y Local). Solamente en el 2014, a nivel nacional se han ejecutado inversiones por S/. 600 millones. De acuerdo con Proinversión, los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, La Libertad, Pasco y Piura lideran el ránking de aplicación del mecanismo de promoción de las inversiones en forma descentralizada, y están pendientes más de la mitad de departamentos del Perú que podrían acceder a este beneficio. En ese sentido, con la promulgación del reglamento, las pequeñas y medianas empresas podrán ingresar al esquema de obras por impuestos, financiando obras en sectores tales como educación, energía y comunicaciones, saneamiento público, infraestructura vial y de riego para agricultura, salud pública, transporte rural y urbano, seguridad, entre otros.

Esta norma brinda una muy buena opción para contribuir al desarrollo de la comunidad; sin embargo, no está siendo aprovechada por los gobiernos locales. Por ejemplo, en el caso de la región Arequipa, el límite para este tipo de inversión es de S/. 1,308 millones y a la fecha se tiene en ejecución un porcentaje menor a la mitad.

¿En qué consiste?
Este mecanismo es una forma de facilitar la ejecución de proyectos de interés para la localidad municipal o regional, permitiendo que las empresas se involucren directamente en estos proyectos, para aumentar la eficiencia en su ejecución. La empresa privada se encarga de financiar la obra y luego podrá compensar estos pagos de sus impuestos, hasta por diez años sucesivos. Pueden ser financiados todo tipo de proyectos de inversión pública, siempre que estén alineados con los planes de desarrollo nacional, regional o local, y cuenten con la declaratoria de viabilidad en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

¿Cuál es el proceso para acceder a este mecanismo?
La empresa inicia el proceso identificando el proyecto en función de sus lineamientos y solicita al Gobierno regional o local la convocatoria al proceso de selección para elegir a la empresa que financiará y ejecutará el proyecto. Al adjudicarse la Buena Pro del proceso, se firma el contrato con el Gobierno regional o local, la empresa elabora el expediente técnico y ejecuta la obra a través de una empresa constructora en coordinación con la empresa supervisora. Culminada la obra, se realiza la conformidad de calidad de obra por parte de la entidad supervisora, y la recepción por parte del Gobierno regional o local, quien solicita a la DGETP (Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público) la emisión del CIPRL o CIPGN (Certificado de Inversión Pública Gobierno Nacional-Tesoro Público), que es la constancia emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas para que la empresa privada que financió la obra la utilice para compensar el impuesto a la renta.

¿Cuál es el efecto en los estados financieros?
Cuando se recibe la factura emitida por el proveedor del servicio de construcción, para la ejecución de la obra de infraestructura pública, esta operación se registra como un activo (cuenta por cobrar), dado que el desembolso efectuado será utilizado para reducir la obligación por el pago del impuesto a las ganancias anual. En contrapartida, se registra el pasivo con el proveedor, que será cancelado con la salida del efectivo (Párrafo 53 e inciso “c” del 55 del Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de los Estados Financieros).

Cuando se recibe el certificado –es decir, en el momento en que se entrega la obra culminada–, se cancela el activo registrado y se reconoce el certificado como una reducción del pasivo por impuesto a la renta, ya que se aplicará para tal fin. Con la recepción del certificado, se puede reclasificar, a nivel de cuentas del estado de situación financiera, la cuenta por cobrar registrada inicialmente a una cuenta de impuestos (activo), dado que este certificado se puede usar para el pago del impuesto a las ganancias.

Desde el punto de vista tributario, en lo relacionado con el impuesto a la renta de tercera categoría, al finalizar la ejecución del proyecto, la entidad suscriptora del convenio de Obras por Impuestos emite un certificado a nombre de la empresa privada, que incluye el monto de inversión (CIPRL o CIPGN, dependiendo de la entidad). Este certificado servirá como crédito contra los pagos a cuenta y regularizaciones del impuesto a la renta. Cabe señalar que solo se podrá utilizar hasta el 50% del impuesto a la renta del ejercicio anterior. En caso exista un monto remanente en el certificado, se podrá utilizar en el ejercicio siguiente, ya que tiene una vigencia de 10 años. En el peor de los escenarios, en caso de no poder utilizar el certificado durante su vigencia, se podrá solicitar su devolución a la Administración Tributaria.

Respecto al impuesto general a las ventas, el impuesto nace como crédito fiscal al registrar la factura emitida por el proveedor del servicio de construcción. Si se trata de una entidad financiera cuyas operaciones principales están exoneradas del IGV, el uso del crédito fiscal se hará efectivo cuando se genere el impuesto bruto por la entrega de la obra de infraestructura y/o cuando realice –de ser el caso– otras operaciones gravadas con el IGV (leasing, por ejemplo). Si se trata de entidades dedicadas a actividades gravadas, el uso del crédito fiscal se realizará de forma inmediata. Ahora bien, nace la obligación de pagar el IGV en la fecha en que se emita el comprobante de pago o en la fecha de percepción del ingreso, lo que ocurra primero. De esta forma, el otorgamiento de las conformidades de calidad y la entrega de obra no determinan el nacimiento de la obligación tributaria del IGV. Para ello, es necesario que se entregue el CIPRL, que constituye el pago de la retribución por la construcción, o se emita la factura. Nótese que si se emiten CIPRL parciales por avance de obra (trimestralmente, por ejemplo), estos también determinan el nacimiento de la obligación tributaria del IGV.

Conclusión
Obras por impuestos es una muy buena alternativa para la inversión; es un “win-win” para los involucrados, pues se beneficia el Estado, al ejecutarse obras públicas con la garantía de ser elaboradas de maneracorrecta y confiable; la ciudadanía, al mejorar su calidad de vida; y las empresas privadas, al mejorar su imagen como entidades comprometidas con la comunidad y socialmente responsables.

Publicado en Mercados & Regiones número 6, marzo de 2015

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