Organizaciones sindicales y prácticas anticompetitivas

Mediante Resolución N° 0479-2014/SDC publicada a fines de noviembre de 2014, Indecopi ha realizado, por primera vez, un análisis del rol de las organizaciones sindicales en tanto agentes económicos y de cómo, bajo esta perspectiva, estas asociaciones representativas de los intereses de los trabajadores pueden, eventualmente, realizar conductas que atenten contra la libre competencia, afectando a otros agentes, como pueden ser los trabajadores no sindicalizados y, también, a los consumidores en general.

ESCRIBE MAURICIO MATOS ZEGARRA, GERENTE DEL ÁREA LABORAL DE EY (ANTES ERNST & YOUNG)

En la resolución comentada, esta institución ha determinado que “si atendemos a su naturaleza económica, más que a su calificación legal, los sindicatos son asociaciones entre competidores”.

Según criterio de Indecopi, independientemente de su condición de asociaciones de trabajadores, las organizaciones sindicales son asociaciones de competidores. Así, en la resolución comentada, esta institución consideró que el “Sindicato de Estibadores del Puerto de Salaverry” y el “Sindicato Gremio de Estibadores y Maniobristas del Puerto de Salaverry”, así como dos de sus representantes, realizaron actos de obstaculización con el objeto de impedir la capacitación, el registro y la contratación de otros trabajadores portuarios –no sindicalizados– para las operaciones de estiba y desestiba en el Terminal Marítimo de Salaverry, en La Libertad; es decir, que realizaron conductas tendientes a afectar la libre competencia respecto a otros trabajadores no sindicalizados, por ende, respecto a otros competidores.

Indecopi consideró no sólo que las organizaciones sindicales son agentes económicos a las cuales resulta plenamente aplicable la “ley de represión de conductas anticompetitivas” (D.Leg. 1034), que busca principalmente prohibir y sancionar las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica en los mercados, para el bienestar de los consumidores, sino que, en el caso concreto, llegó a la conclusión de que la conducta descrita en el párrafo precedente representaba una práctica colusoria destinada a obstaculizar de manera ilegal la entrada y permanencia de un competidor en el mercado. En este caso, los competidores afectados eran, claro está, los trabajadores que no pertenecían a los referidos gremios y, en buena cuenta, los consumidores.

La posición de Indecopi resulta sumamente interesante y, en nuestra opinión, no contradice, en lo absoluto, ni el carácter protector de las normas laborales, ni la garantía del derecho a la libertad sindical. Recordemos que el artículo 28 de la Constitución establece que el Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, cautelando –no obstante– su ejercicio democrático. Asimismo, señala que el derecho de huelga debe ejercerse en armonía con el interés social. En consecuencia, si estos derechos se ejercen de manera regular –aun partiendo de la premisa que determinar un nivel de salarios o restringir la producción pueda ser considerado como una práctica anticompetitiva que podría, por ejemplo, encarecer la mano de obra y, por ende, afectar el mercado–, difícilmente esta conducta pueda ser pasible de sanción por entidad alguna.

Pero, entonces, ¿en qué casos la actuación de una organización sindical –en tanto agente económico– deja de estar amparada por la ley y puede, por el contrario, ser pasible de una sanción administrativa o judicial? Para responder a esta pregunta, recordemos que la ley no ampara el ejercicio abusivo de un derecho y que, además, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y su reglamento, sancionan el ejercicio irregular –por ejemplo, del derecho de huelga–, en aras, precisamente, de propiciar una utilización de esta institución acorde con el interés social.

Según nuestro criterio, la importancia de la resolución de Indecopi radica en permitir que la actuación irregular de las organizaciones sindicales no sólo sea analizada y, por ende, sancionada desde el punto de vista estrictamente laboral, sino que, a su vez, permite identificar a la organización sindical como un agente que, en la utilización irregular de sus derechos fundamentales, puede convertirse en un elemento distorsionador de la libre competencia, en desmedro de todos los consumidores, que incluye a otros trabajadores (competidores) que no forman parte de la organización sindical.

Publicado en Mercados & Regiones número 5, febrero de 2015

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