Promocionando la inversión privada en el siglo XXI

La inversión privada es considerada como uno de los pilares para el crecimiento de una nación. Para atraer y retener mayores inversiones, los países –y también las regiones y ciudades– entran en competencia, lo cual saca a relucir sus fortalezas y debilidades.

ESCRIBE CARLOS AMADO AMPUERO, ANALISTA DE AURUM CONSULTORÍA Y MERCADO

En este marco, a partir del año 2000, muchos países latinoamericanos han venido promulgando leyes y simplificando procesos, buscando, de esta manera, que su potencial de inversión vaya acompañado por medidas propicias para la atracción y retención de capitales.

El Perú en tiempos de desaceleración

La desaceleración de la economía peruana desde el año 2014 se ha presentado como una oportunidad para tomar medidas que fomenten las inversiones –los “paquetes reactivadores”–, promulgando leyes, precisando normas y simplificando procedimientos.

En esta línea, se promulgó la Ley N° 30230, que busca la promoción y dinamización de la inversión en el país mediante medidas tributarias y la simplificación de procedimientos y permisos, incluyendo beneficios para proyectos relacionados con el sector minería e hidrocarburos. Entre otras medidas, la ley modifica aspectos de la declaratoria de Áreas Naturales Protegidas (ANP), de manera que ya no es el Ministerio del Ambiente quien declara una zona de reserva, sino el Consejo de Ministros, dando así la oportunidad de iniciar operaciones donde antes no podían, a empresas como, por ejemplo, las petroleras. Asimismo, se establece que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de conductas infractoras y, durante un periodo de tres años a partir de promulgada la ley, las sanciones no podrán ser superiores al 50% de la multa que correspondería aplicar, con excepción de infracciones muy graves, reincidencia y actividades que no cuenten con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de operaciones.

También se agilizan los trámites para la presentación de un EIA, independientemente del tamaño del proyecto, –las opiniones de los expertos deben darse en un máximo de 45 días– y se elimina la necesidad de los EIA para proyectos inmobiliarios, siempre y cuando sean realizados en zonas urbanas.

Otra ley promulgada en 2014, enfocada en innovación, investigación y desarrollo, es la Ley de Promoción de la Inversión Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica, que otorga deducciones tributarias del 100% –sin restricción alguna– a toda empresa, independientemente del tamaño o rubro, que realice, por su cuenta o por parte de terceros, proyectos de I+D+i. La empresa también puede optar por el régimen que permite una deducción adicional de 75%, hasta un límite anual de S/. 5.1 millones; en este caso, deberá estar calificada ante Concytec según los requerimientos indicados en la ley. Por ejemplo, si una empresa invierte S/. 10 millones, podrá deducir todo este importe (100%) como gasto, sin límite; en el caso de optar por el 75% adicional, la deducción adicional no será de S/. 7.5 millones (75% de S/. 10 millones), sino de S/. 5.1 millones. En este caso, el total a deducir sería de S/. 15.1 millones.

Estos y otros ejemplos permiten concluir que el Gobierno peruano sí está tomando medidas para atraer inversiones y reactivar la economía; sin embargo, surge la inquietud de si dichas medidas son las más adecuadas y si serán sostenibles en el largo plazo. En este sentido, puede ser útil conocer la experiencia de países como Panamá, Uruguay y Chile, los cuales tomaron medidas apuntando a lograr un crecimiento sostenido.

Panamá y su apuesta por el turismo

Panamá cuenta con una legislación que incentiva las inversiones extranjeras en el sector turismo. La Ley No. 80, promulgada el 8 de noviembre de 2012, favorece la promoción de diversas clases de turismo: aventura, científico, cultural, crucero, sol y playa, negocios, pesca deportiva, reuniones, exhibiciones, náutico y rural.

En líneas generales, destacan la exoneración total del pago de impuesto a la renta, por cinco años, y la exoneración total del pago de impuestos de importación, también por cinco años, que se aplican a la construcción de establecimientos e infraestructura complementaria, el fomento de viajes a Panamá, y las inversiones en puertos de crucero y otros activos de empresas relacionadas con el sector turismo.

Para setiembre de 2014, se estimó que, en lo que iba de 2014 y gracias a esta ley, ya se habían invertido US$ 82 millones en proyectos turísticos fuera de la capital panameña.

Uruguay: inversión calificada

La estrategia de incentivos fiscales es también aplicada en Uruguay. La Ley N° 16.906, que busca fomentar la inversión en los sectores industria, agropecuario, comercio y servicio, fue modificada en el año 2007, para beneficiar también a pequeñas y medianas empresas. El principal beneficio es la exoneración parcial del IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, similar al Impuesto a la Renta en Perú), sobre la base de un análisis y de la aplicación de una matriz de objetivos e indicadores, donde la empresa puede elegir el indicador con el cual será evaluada.

Luego de calcular el puntaje, se determina el monto de la exoneración y el plazo de la misma, según la escala dada en la norma. El puntaje va de 1 a 10, siendo 10 el máximo valor posible; la exoneración del IRAE para una empresa con puntaje de 10 es del 60% de la inversión, por un periodo de cinco años. De esta manera, la legislación uruguaya ofrece una forma de calificar y categorizar la exoneración que cada proyecto debe tener, considerando las características de inversión e impacto del mismo.

Según un informe de la consultora CPA Ferrere, entre el año 2008 y julio de 2012, este sistema habría promovido más de 2,800 proyectos y alcanzado valores récord en inversión. Dados los resultados obtenidos, se optó por actualizar el régimen de promoción de inversiones en 2012, otorgando aún mayores beneficios para las mypes y para empresas ubicadas en parques industriales.

Complementario a la exoneración del IRAE, en Uruguay también se ofrecen exoneraciones de otros tributos, entre los cuales resaltan el impuesto al patrimonio (bienes inmuebles que son parte de la inversión fija del proyecto durante toda su vida útil); tasas y tributos a la importación, siempre y cuando se trate de bienes de capital declarados no competitivos con la industria nacional; y el IVA (similar al IGV de Perú) para exportadores y para la compra de materiales y servicios que estén destinados a la construcción de obras civiles.

Chile: Ley I+D

En 2012, Chile promulgó la ley de incentivo tributario a la investigación y desarrollo, llamada “Ley I+D”. Los incentivos tributarios se centran en el monto invertido en I+D, del cual el 35% pasa a ser un crédito tributario contra el Impuesto de Primera Categoría. El restante 65% podrá ser considerado como gasto para reducir la renta. El tope máximo del crédito tributario al que la empresa puede acceder es de 15,000 UTM (a junio de 2015, una UTM equivale a 43,760 pesos chilenos).

Otro ejemplo es el proyecto de ley para la inversión extranjera directa en Chile, aprobado el 20 de marzo de 2015. La propuesta legal establece el régimen aplicable a este tipo de inversión, reconociendo la garantía de acceso al mercado cambiario formal y de remesa del capital y utilidades, la no discriminación arbitraria y la exención del impuesto a las ventas y servicios a las importaciones de bienes de capital. Además, entre otros aspectos, se crea un Comité de Ministros para el Fomento y Promoción de la Inversión Extranjera, y la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera.

Publicado en Mercados & Regiones número 9, julio de 2015

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