Tarea pendiente en el cierre de minas

En octubre se cumplieron once años de la dación de la Ley de Cierre de Minas, pero aún no se regula adecuadamente el tratamiento tributario de las sumas que, en virtud de ella, están obligadas a invertir los operadores mineros a fin de restaurar el área perturbada por la actividad minera.

ESCRIBE MARCIAL GARCÍA SCHRECK, SOCIO DE IMPUESTOS DE EY (ANTES ERNST & YOUNG)

Como están las cosas, tales gastos sólo pueden deducirse para efectos del Impuesto a la Renta en el ejercicio en que se incurran. El problema es que buena parte de los Planes de Cierre son ejecutados al término de las actividades mineras, punto en el que se carece de ingresos contra los cuales puedan ser aplicados. Por lo tanto, en la práctica, la deducción resulta completamente inútil.

La solución pasa por reconocer el derecho a descontar, en el ejercicio en que se contabilicen, las provisiones para cubrir el costo de la ejecución del Plan de Cierre. Esta fórmula permite adelantar un gasto que será desembolsado en el futuro, para que pueda rebajarse de la renta bruta generada durante la vida de la mina.

El principal argumento en contra de aceptar la deducción de una provisión es que no se tiene la certeza de que el gasto va a ser efectivamente incurrido. Sin embargo, en este caso, ese riesgo queda descartado pues existe la obligación de constituir una garantía ambiental, que asegure el cumplimiento del Plan de Cierre. Por ejemplo, puede constituirse un fideicomiso para tal fin. En consecuencia, no hay razón de fondo para rechazar la provisión, hasta por el monto cubierto por la garantía.

Dando una mirada alrededor del mundo, se advierte que otros países mineros, con marcos normativos más coherentes y equilibrados, sí autorizan expresamente la deducción de provisiones para cierre de minas, incluyendo un puñado con los que competimos directamente por las mismas inversiones, como Chile, por nombrar un país cercano que tiene una riqueza mineral muy similar a la nuestra.

Como si fuera poco, las mineras en Chile tienen el derecho a solicitar la devolución del IVA –lo que nosotros llamamos IGV– que gravó las adquisiciones de bienes y servicios destinados directamente a la ejecución del Plan de Cierre, que no pueda ser recuperado vía crédito fiscal al término de sus operaciones productivas. Estas medidas han contribuido para consolidar su sitial como primer productor de cobre a nivel mundial, con una producción de 5.3 millones de toneladas anuales de ese metal, en comparación con los 1.3 millones de toneladas que actualmente produce el Perú.

Si queremos acortar esa brecha y contrarrestar con mayores volúmenes la caída de los precios, necesitamos hacer que a la inversión minera le convenga apostar por el Perú más que ir a otros lugares. Y, para eso, no podemos seguir demorando las reformas pendientes que mejoren la competitividad del país, para atraer capitales de largo plazo, que son los que, al final de cuentas, generan desarrollo.

Publicado en Mercados & Regiones número 4, diciembre de 2014

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