El apoyo social de la minería bajo el nuevo contexto económico

Nuevas propuestas con respecto a la relación entre la sociedad y las empresas mineras surgen en el debate presidencial de las elecciones 2016.

Aparecen iniciativas como el canon comunal, desestimar la consulta previa, revisión de las concesiones, entrega directa de dinero por concepto de canon a la población, aumento de las regalías, etc. La necesidad de ofrecer promesas electorales es un elemento inherente a las campañas electorales. El problema es la forma en que se elaboran las propuestas, ya que muchas de ellas, simplistas y demagógicas, olvidan que no se deben cambiar las reglas de juego de un gobierno a otro, porque eso genera zozobra en el sector, específicamente en el sector económico más importante del país.

En este contexto, vale la pena enumerar las distintas modificaciones que ha sufrido la relación entre las empresas, el Estado y la comunidad en los últimos años. En el año 2006 se firmó un acuerdo entre las empresas mineras y el Estado Peruano denominado Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP) para cuya ejecución las empresas constituyeron asociaciones que tenían la responsabilidad de gestionar estos fondos. La propuesta del aporte voluntario marcó un punto de quiebre en las relaciones empresa-Estado-sociedad. A nivel político se empoderó a las autoridades locales, al hacerlas partícipes de las decisiones con respecto a la inversión de los fondos entregados por las empresas, a nivel económico se apostó por un desarrollo descentralizado y a nivel social se acercó las iniciativas de inversión a la población y coadyuvó a bajar los niveles de conflictividad social. En cinco años (2006-2011), el aporte acumulado ascendió a S/. 2283.6 millones.

El actual gobierno “recentralizó” los recursos para financiar sus programas sociales focalizados. Algunas empresas aún mantienen las asociaciones que gestionan proyectos (con remanentes o con nuevos aportes), pero no con las grandes cantidades de recursos que se manejaban hace unos años. La supervivencia de las asociaciones respondía a una necesidad de las empresas y de la población, ya que llegaron a tener una importancia trascendental para el desarrollo de las localidades.

Dentro de este contexto, al cambio de la orientación social de los aportes mineros, se suma la súbita caída del precio de las materias primas, causando una gravísima reducción de la recaudación fiscal y de los ingresos por concepto de canon en los gobiernos locales. Así, la situación de la contribución social de la minería se vuelve compleja y se problematiza si consideramos los mensajes ambiguos (y en muchos casos desconcertantes) de los candidatos presidenciales.

Considero que esta situación crítica puede convertirse en una oportunidad para mejorar las relaciones entre las empresas y los gobiernos locales y afinar el diagnóstico de lo que realmente necesitan las mismas para garantizar la paz social y la gobernabilidad democrática. Las empresas mineras deben dejar de sustituir al Estado en su labor de formulador y ejecutor de obras públicas y las municipalidades deben fortalecer sus capacidades de gestión y mejorar la recaudación y generación de nuevos ingresos.

Existen instrumentos interesantes, como el mecanismo de obras por impuestos, las asociaciones público-privadas, o, si se pretende un mayor compromiso, el monitoreo y asistencia técnica en las unidades formuladoras de los proyectos de inversión en las municipalidades de sus zonas de influencia o en las que consideren estratégicas. Mediante el compromiso social de las empresas y la implementación de estrategias creativas, se podrá utilizar de manera más eficiente el apoyo social de la minería y sus innumerables beneficios a la sociedad.

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