Nueva ley de expropiación: agilizando la inversión en obras de infraestructura

Desde mayo del 2013, el Ejecutivo viene aprobando diferentes normas —los famosos “paquetes de reactivación”—, con el objetivo de impulsar las inversiones públicas y privadas en el Perú, como medida para contrarrestar la desaceleración económica, flexibilizando así normas de carácter ambiental, tributarias, administrativas y de derechos superficiales.

ESCRIBE CINTHYA CUYA BUSTAMANTE, SOCIA DE ZEGARRA AGUILAR ABOGADOS

De esta manera, se busca hacer más atractivo y dinámico el flujo de inversiones, tanto públicas como privadas, a fin de que la economía retome la senda del crecimiento de alrededor del 6.1% anual en los próximos años, en un escenario en el que se agudiza la desaceleración económica —lo que sectorialmente se refleja en actividades como manufactura, minería y construcción, actividades que representan el 32.7% del PBI—.

En este escenario, se ha publicado el Decreto Legislativo 1192, “Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles y otros”, conocida actualmente como la Ley de Expropiación, que unifica procedimientos ya existentes, para facilitar las expropiaciones y adquisiciones de terrenos en proyectos de infraestructura, especialmente en el caso de las asociaciones público-privadas.

Concretamente, esta ley crea un nuevo régimen jurídico para los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles que realiza el Estado, dejando de lado a los jueces o árbitros, quienes eran los que resolvían procesos expropiatorios, y haciendo que estos, de ahora en adelante, se lleven a cabo ante la misma entidad que desea expropiar un inmueble, de una forma más dinámica. Así, si bien se requerirá de una ley del Legislativo, a fin de justificar la razón de la necesidad pública o de seguridad nacional para la ejecución de alguna obra de infraestructura, es ahora la propia administración pública la que determinará los aspectos de dicha expropiación, tales como la identificación de los bienes a expropiar, cuánto se pagará por ellos, el plazo para la desocupación del inmueble expropiado, y la forma cómo se realizará la inscripción registral.

Asimismo, los cuestionamientos en la vía judicial o arbitral del procedimiento expropiatorio sólo procederán de forma posterior a este hecho y únicamente para que se revise el valor de la tasación del inmueble objeto de expropiación o se solicite una expropiación de la totalidad del mismo —en caso el resto del predio haya sufrido una desvalorización—.

No obstante, esta ley es criticada por otorgar a la entidad encargada de realizar la expropiación un carácter de juez y parte en el proceso expropiatorio, limitando dicho procedimiento a uno meramente administrativo, minimizando la judicialización que para tales casos dispone la Constitución y violando normas constitucionales que consagran la propiedad como un derecho fundamental. Además, porque con su ambigüedad de redacción podría ser usada por las autoridades administrativas de forma arbitraria y desmedida.

Al respecto, y más allá de las diversas críticas existentes hasta hoy, resulta positivo para las inversiones de infraestructura que el Estado esté tomando un papel protagónico, al generar un solo marco legal que fije procedimientos más sencillos que hagan viables la ejecución de proyectos. De esta manera, se evita el cuello de botella llamado Poder Judicial, saturado a la fecha por una desmedida carga procesal.

Sin embargo, es importante que estas medidas que se vienen adoptando sean de ejecución segura para todas las partes involucradas y, sobre todo, revestidas de legalidad, no susceptibles de futuros cuestionamientos constitucionales. Además, queda como tarea pendiente del Estado implementar, al interior de sus propias entidades, una aplicación eficiente de las estipulaciones reguladas en dicha norma, pues ya la experiencia nos dice que en el Perú los problemas no sólo se limitan a una carencia normativa, sino a la ineficiencia de gestión de las entidades. De esta manera se evitará que, contando con un régimen más dinámico en temas de expropiación, sean los propios funcionarios los que entrampen dichos procedimientos.

Publicado en Mercados & Regiones número 13, noviembre de 2015

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