Yolanda Lozada Stambury: “Tenemos que afianzarnos como una Región Sur sólida”

“Como demócrata, pienso que el desarrollo del Perú se debe basar en la libertad de inversión, ya sea inversión extranjera o nacional, siempre que se respeten los lineamientos y las normas vigentes.”

ENTREVISTA A YOLANDA LOZADA, CANDIDATA AL CONGRESO POR LA ALIANZA POPULAR CON EL NÚMERO 3

¿Cuál es su propuesta para desburocratizar el Estado?

El Perú es un país con un número excesivo de leyes. La tarea de un congresista no consiste en reglamentarlo todo. Creo que esto genera ineficiencias y gastos innecesarios tanto al Estado como a la población.

Por ejemplo, en el ámbito empresarial existe una cantidad de trámites que hace casi imposible a cualquier persona incursionar en algún negocio. La idea es simplificar todo ese procedimiento y hacer las cosas más eficientes.

Te doy otro ejemplo. Para ser candidata al Congreso, tuve que sacar mi certificado de antecedentes penales, policiales y judiciales; para ello tuve que ir a tres instituciones diferentes. ¿Acaso no sería mejor tener una ventanilla única y descentralizada, que permita agilizar los trámites?

La inversión pública ha caído mucho, no por falta de dinero, sino porque las municipalidades, gobiernos regionales y el gobierno central no pueden ejecutar presupuestos. ¿Cuál es su propuesta para dinamizar la inversión pública?

Efectivamente, muchas veces el presupuesto asignado a las municipalidades o gobiernos regionales regresa al Estado porque no ha podido ser ejecutado. Eso significa que no hay capacidad de gestión al frente de estos organismos. Cuando es elegido un gobernador o alcalde, lo que hace es traer a su gente para que se haga cargo de la gerencia. Yo propondría que las gerencias, tanto de las municipalidades como de las gobernaciones, sean por concurso público, que sean personas absolutamente competentes y que no se tenga que estar cambiando cuadros constantemente.

Por otro lado, se debe determinar cuáles son las prioridades que deben abordar el municipio y la gobernación. Lo primero debería ser el tema de salubridad, es decir agua y alcantarillado. Lo segundo debe ser el sector salud; tuve la oportunidad de estar hace poco en las provincias de Corire, Aplao y Chuquibamba, y los pobladores se quejan de que las postas médicas no cuentan ni siquiera con lo indispensable.

A principios de los años noventa, el Estado se transforma para administrar la escasez que existía en esa época. ¿Qué opina de la idea de rediseñar el Estado, ya no para administrar la escasez, sino para administrar el progreso?

Si bien el Estado se transforma en los noventas para afrontar la crisis, no ha permanecido estático, se ha ido adaptando poco a poco al cambio y a las circunstancias. Algo que me parece fundamental es que el Estado debería atender las necesidades básicas de todos los peruanos y enfocar los esfuerzos en temas fundamentales que se deben priorizar y garantizar —seguridad, educación y salud pública—. Sí, considero que el Estado está sobredimensionado; sin embargo, no creo que sea necesario desarticular toda la estructura, pues sería costoso a todo nivel. En efecto, hay que optimizar el funcionamiento del aparato público, pero hay que rescatar aquellas iniciativas valiosas.

¿Usted está a favor del proyecto Tía María?

Estoy totalmente a favor de Tía María. No obstante, hay que considerar que en el pasado muchos pobladores han sido perjudicados por los daños ocasionados al medio ambiente por la empresa Southern. En el caso del proyecto, Tía María las observaciones ya fueron subsanadas. Por ejemplo, una de las principales preocupaciones era el uso del agua; sin embargo, ese problema ya se solucionó, porque la empresa ha planteado la desalinización del agua de mar. Me preocupa la imagen que está dando el Perú al exterior como destino de inversiones, ya que este proyecto está suspendido a pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos.

¿Los pobladores realmente desconfían de la actividad minera? Porque, en Arequipa, el 85% de la población está a favor de la inversión minera; sin embargo, en el valle de Tambo no. ¿Será un tema de que Southern goza de poca credibilidad?

Creo que los arequipeños somos conscientes de los beneficios que genera la actividad minera formal. En el caso del valle de Tambo, sí considero que es un problema de desconfianza, no sólo hacia Southern, sino también hacia las autoridades que otorgaron el permiso. ¿Cómo les aseguramos a los pobladores que Southern no va a contaminar, que va a ejecutar todo lo que ha propuesto y que las autoridades van a hacer que Southern cumpla? Por ello, mi propuesta es que se conforme un comité de personas de intachable trayectoria moral y profesional, y también por técnicos nombrados por los pobladores del valle de Tambo. Este comité deberá garantizar y monitorear que Southern no cometa ninguna infracción; caso contrario, la actividad minera debería interrumpirse o, en última instancia, suspenderse. De esta manera, los pobladores podrían tener más confianza.

¿Cuál sería su propuesta para dinamizar la economía de Arequipa y del Perú?

Creo que el gobierno debe propiciar las condiciones que le brinden estabilidad a la inversión. Por lo tanto, debe ser un gobierno democrático, y la democracia se cimienta en partidos políticos. Es por ello que me siento muy cómoda con la alianza entre el Apra y el PPC, porque son dos partidos políticos de gran trayectoria.

En ese sentido, como demócrata, pienso que el desarrollo del Perú se debe basar en la libertad de inversión, ya sea inversión extranjera o nacional, siempre que se respeten los lineamientos y las normas vigentes.

De ser elegida congresista, lo primero que haré será convocar a todos los congresistas por Arequipa, que seríamos seis, para que juntos saquemos adelante a nuestra región y determinemos cuáles son los proyectos más importantes. Si bien la ley no nos confiere atribuciones de gasto, como representantes podemos ir a los diferentes ministerios y sacar adelante los grandes proyectos.

Otro problema que tenemos es el caudillismo regional. Tenemos que afianzarnos como una Región Sur sólida y que se generen las sinergias suficientes para su desarrollo.

Un tema importante para el desarrollo de Arequipa es el Gasoducto Sur Peruano, que va a permitir que la industria sea más competitiva, al acceder a un combustible más barato.

¿Cuáles cree que deben ser las habilidades de un congresista?

En primer lugar, debe mostrar interés por el bienestar de su pueblo; en segundo lugar, debe ser una persona honesta; y, en tercer lugar, debe tener una visión de futuro clara, una idea hacia dónde nos dirigimos.

Por ejemplo, cuando se descubrieron los yacimientos de gas en Cusco, los pobladores se opusieron a la concesión de ese proyecto, porque consideraban que era un recurso para las futuras generaciones. Por esos años, el precio del gas era elevado y, si se hubiera explotado y exportado, hubiera generado gran cantidad de ingresos para el país. Sin embargo, la oposición ocasionó que no se pudiera llevar a cabo el proyecto. Esa es una falta de visión de hacia dónde va el mundo.

Debemos pensar en nuestra generación, pero también en la de nuestros hijos y nietos. Tenemos que empezar a desarrollar tecnología. Desde esa perspectiva, me gustaría abordar el tema que conozco, la educación. Los últimos 27 años de mi vida los he dedicado a este sector en la institución educativa que fundamos mi esposo y yo. Dentro de las cosas que me gustaría hacer está impulsar la creación de startups o emprendimientos y orientarlos al área tecnológica. Actualmente existe un gran número de universidades en Arequipa, por lo que se podría convertir en un centro universitario muy importante a nivel nacional, y se podrían tener competencias entre las universidades para ver quién genera mejores startups en el área tecnológica.

Por último creo, que un congresista debe luchar incansablemente por cambiar la imagen de un congreso desprestigiado. En ese sentido, soy una mujer honesta, luchadora y de carácter. Sin embargo, la calidad del congreso está en manos de los electores, quienes deciden a quién darle una curul, por lo que quisiera invocar a la población a ejercer su derecho de manera informada y responsable.

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