Las facultades otorgadas para legislar en reactivación económica y formalización

El pasado viernes el Poder Ejecutivo recibió del Pleno del Congreso facultades para legislar en cinco materias, incluyendo reactivación económica y formalización; sin embargo, el exministro de Economía, Alonso Segura, se mostró crítico a la nuevas medidas tributarias que ejecutará el actual gobierno. Conozca las medidas que fueron aprobadas y las razones por las cuáles han sido criticadas.

El Pleno del Congreso aprobó, con 117 votos a favor, otorgar facultades legislativas al Ejecutivo por 90 días en cinco materias: reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento, y para la reorganización de Petroperú. Aquí presentamos un resumen de lo aparecido en distintos medios periodísticos con relación a este tema.

Reactivación económica y formalización

Las medidas en esta materia fueron aprobadas por 99 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención; sin embargo, algunas fueron criticadas por el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura.

– Reducir el Impuesto General a las Ventas (IGV) en un punto porcentual, desde 1 enero de 2017. El exministro Alonso Segura afirmó que “la casuística internacional muestra que rebajas del IGV producen pérdidas de recaudación” y que “el costo de errar es de medio punto del PBI (S/ 3,000 millones)”.

– Modificar la Ley del Impuesto a la Renta: incrementar el IR para los empresarios y reducir el IR a los dividendos. Cabe recordar que, en 2014, el gobierno nacionalista planteó una reducción progresiva de la tasa del IR de tercera categoría, de 30% a 28% para 2015 y 2016, 27% para en el 2017-2018 y 26% en el 2019. El exministro indicó que la rebaja progresiva del IR corporativo “sí generaba incentivos a la inversión y a la reinversión de utilidades, y a través de estas, a la generación de empleo y el impulso a la actividad económica”; asimismo, argumentó que los multiplicadores del IR son bastantes mayores que los del IGV, y que gran parte de la canasta básica familiar está exonerada de este último tributo.

– Permitir que los contribuyentes puedan deducir al menos 1 UIT, sustentado en comprobantes de pago y basado en gastos específicos. Alonso Segura también criticó el planteamiento: “La deducción actual de 7 UIT está por encima de la canasta básica familiar (4 UIT al año) ¿En todo caso, no tendría más sentido rebajar esa deducción general y acreditar la diferencia a las 7 UIT contra solo ciertos gastos, no el cajón de sastre aprobado en el Congreso? Recomendación internacional es bajar el tramo de deducción, no subirlo”.

– Crear un régimen tributario especial para la repatriación de capital, con un IR entre 10% y 12% para el capital declarado, y de 5% a 8% para los que declaran e inviertan el capital en el país. Segura comentó que es “absolutamente regresiva” pues “favorece a los ricos”.

– Establecer un nuevo régimen tributario para las micro y pequeñas empresas (mype), incluyendo tasas progresivas.

– Aplicar la llamada “amnistía tributaria” solamente para las personas naturales y mypes, y aplicar descuentos a las deudas tributarias en litigio, o en cobranza coactiva.

– Perfeccionar el marco legal para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal; fortalecer el marco legal respecto a la lucha contra la minería ilegal.

– Reorganizar el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para que éste sea efectivamente descentralizado, y reestructurar ProInversión.

– Establecer medidas que garanticen el buen desarrollo de las operaciones para los Juegos Panamericanos Lima 2019.

– Flexibilizar el marco legal para facilitar la inversión de bancos en el sistema financiero peruano.

Alfredo Thorne, el actual ministro de Economía y Finanzas, precisó que “si se juntan la bajada del IGV y el efecto de la reversión del Impuesto a la Renta de las grandes empresas, el ciudadano se va a ver favorecido”. Asimismo señala que “el tema de las grandes empresas no aumenta la presión tributaria, sino que simplemente aumenta la renta y disminuye los dividendos. Eso solo afecta a las grandes empresas; en cambio, pequeñas y medianas empresas van a tener mayores beneficios tributarios”, agregó.

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski tiene 90 días para afinar propuestas y aprobar solo aquellas que resistan un riguroso análisis, de ese modo decretar normas —en las cinco materias anteriormente señaladas— que sean en favor del país.

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