Un Perumin que dejó más controversia que expectativas

El Comercio.- Todo Perumin tiene sus controversias. Y la de esta edición del 2017 fue la polémica en torno a la Ley N° 30640, que ordena reglamentar el uso del término “cabecera de cuenca” hidrográfica, referido por quienes piden que no se realice explotación minera en estas zonas.

La norma habría tomado por sorpresa a los empresarios mineros reunidos en el Perumin, a pesar de llevar un mes de aprobada por el Congreso. “A decir verdad, hace muy poco que me he enterado”, reconoció Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), quien inició la campaña mediática para dar a conocer las implicancias negativas que la polémica ley acarrearía a la inversión minera.

El riesgo de que no se licite Michiquillay (US$ 2,000 millones de inversión) –por la incertidumbre resultante– fue el más mentado. La alarma obligó al Gobierno a intervenir.

Elsa Galarza, ministra del Ambiente, apuntó que reglamentar el uso del término “cabecera de cuenca” demoraría un año, plazo en el cual la ANA se reuniría con los sectores competentes (entre ellos, las empresas mineras) para hacer un riguroso análisis técnico.

Pero esto no calmó los temores en Perumin. Un ex ministro de Energía y Minas comentó a Día1 que el Gobierno se encuentra perdiendo, tristemente, la batalla ideológica contra sus opositores.

“En un año más –dijo– las comunidades de todo el Perú estarán aleccionadas para defender sus ‘cabeceras de cuenca’, término vago que puede referirse a muchas cosas. Así, será más difícil que los proyectos salgan”.

Desarrollar los proyectos es, precisamente, lo que el Gobierno se ha propuesto para alentar la economía. Pero de eso –de los proyectos– las empresas hablaron muy poco en Perumin.

¿Y las grandes inversiones?

Perumin 2017 se diferenció de sus predecesoras en que develó muy pocos anuncios de nuevas inversiones.

Las grandes mineras como Freeport, MMG, Anglo American, Hochschild, Buenaventura, Shougang y Southern Copper, hablaron largo y tendido de sus inversiones previas y en curso, pero se cuidaron muy bien de lanzar nuevas.

“Los precios de los metales han mejorado de forma sustancial y se podría pensar que este es el momento de lanzar la nueva cartera de proyectos. Pero eso puede tomar un tiempo, debido a que la minería mundial se ha vuelto más cauta para evaluar sus proyectos”, expresó Gobitz.

Solo medianos productores, como Sierra Metals (mina Yauricocha), controlada por el fondo Arias Resource, revelaron nuevas inversiones, pero pequeñas.

También hicieron lo propio –pero lejos de los reflectores– empresas como Plateau Uranium, que desarrolla el proyecto de uranio Macusani (US$ 603 millones); y El Toro, que explora el proyecto aurífero del mismo nombre (US$ 188 millones).

Pero los operadores de los grandes proyectos, como Quellaveco (US$ 5,000 millones) y Mina Justa (US$ 1,400 millones), no soltaron prenda a nadie.

Quien sí lo hizo fue el Gobierno, publicitándolos, y dando a conocer medidas audaces para calmar las inquietudes empresariales, como la novedosa Pasivos X Impuestos, el anhelado Fondo de Adelanto Social y, especialmente, el Grupo de Alto Nivel para impulsar los proyectos.

Todo ello con el fin de mejorar la percepción de la población sobre la inversión minera, algo que las empresas del sector no han sabido conseguir.

El reto rural

“Una reciente encuesta publicada en un medio de prensa revela que el 79% de la población urbana apoya los proyectos mineros. Pero, ¿eso debería alegrarnos?, ¿esto nos sirve para que los proyectos salgan?”, expresó Carlos Santa Cruz, presidente de Bisa.

La pregunta es válida, pues los mineros advierten que el ‘quid’ para sacar adelante sus proyectos está en ganar la aceptación y confianza, no de las ciudades, sino del campo.

Por eso, las palabras percepción y confianza fueron las más mentadas en los pasillos de Perumin. Comunicarlas a la población rural será el gran reto de la minería. ¿Lo logrará?

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