Fiscalía Ambiental decidirá qué terrenos se urbanizan

La República.- El pasado 8 de junio, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental acusó ante el Poder Judicial al alcalde de Arequipa, Alfredo Zegarra, regidores e integrantes del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) por aprobar el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) irregularmente.

Además de solicitar una pena de 4 años de prisión suspendida para los acusados y el pago de una reparación civil de S/ 1 millón, el Ministerio Público pidió al juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Ambientales que de manera preventiva se suspendiera la aplicación del PDM hasta que termine el juicio, para evitar presuntos daños al medio ambiente.

El juez Jesús Rivera negó la medida cautelar, por lo que el PDM aprobado en 2016 seguirá aplicándose. Asimismo, ordenó que la comuna provincial y otras 21 municipalidades distritales informen en forma previa al Ministerio Público sobre alguna modificación que se haga en terrenos que antes eran campiña.

Para la Procuraduría de la municipalidad provincial, el juez cometió un exceso y vulneró la autonomía de las comunas. Según la ley orgánica de municipalidades, los gobiernos locales tienen como función planificar el desarrollo local y ordenamiento territorial.

Punto controvertido

Para el especialista en derecho municipal, Juan Carlos Rebaza, el punto donde se indica que la Fiscalía evaluará todos los actos administrativos relacionados con la gestión de suelos crea un trámite ilegal. Vulnera la autonomía de las municipalidades y le otorga funciones a la Fiscalía no establecidas en la ley. La misma opinión la tiene el gerente del Impla, Francisco Ampuero.

En la resolución, el juez también establece que si bien las municipalidades cuentan con un poder conferido, este no es ilimitado y no puede ser ejercido de forma arbitraria. Por lo que no se comparte la argumentación municipal que señala que el único control que tienen en esta materia es el concejo.

Esta medida también buscaría evitar que se generen más daños en la campiña.

La acusación de la Fiscalía en contra PDM indica que si este documento se aplica provocaría daños a la campiña. El motivo principal por el que el juez denegó la medida cautelar de la Fiscalía es que una ordenanza no puede quedar sin efecto por un fallo judicial, ya que tiene rango de ley.

 

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