“Con licencia para estafar”, la nueva patente de corso

Los colegios privados educan a 2.4 millones de niños y jóvenes en el Perú, lo que genera al Estado un ahorro de S/ 9,600 millones cada año y se genera 200,000 puestos de trabajo, aproximadamente.

Nadie duda que la educación es un derecho de los niños y de los adolescentes, ya que mejora la sociedad y eleva el nivel de vida de los ciudadanos, en general, porque una juventud bien educada es motor de desarrollo social. Al hablar del alza de las pensiones a veces no se explica el motivo del incremento: la Ley de Protección de la Economía Familiar.

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Esta ley se ha convertido en una patente de corso. Todas las medidas y las interpretaciones de las autoridades a esta norma promueven la cultura del “perro muerto”, de la estafa. Un padre de familia, escudándose en el derecho del niño a la educación, prioriza otros compromisos económicos: viajes, compras de electrodomésticos, entre otros. Ahora, los colegios se han convertido en una suerte de financiera, es más barato no pagar las pensiones todo el año que solicitar un crédito de consumo en un banco. El Estado, en su rol educativo, no debe promover conductas que están deformando los valores y principios de las nuevas generaciones del país.

Las autoridades en lugar de salvaguardar uno de los pilares básicos de nuestra sociedad como es el respeto a los compromisos libremente adquiridos, está dando, con la excusa de los derechos del niño, ya no una patente de corso
sino una “patente del moroso”, a costa de las familias que sí pagan. Los colegios tenemos una morosidad mensual que fluctúa entre 30% y 50%. Es decir, los padres puntuales subvencionan a los morosos cada mes. Es por esto que las pensiones no suben necesariamente al ritmo de la inflación, sino según el índice de morosidad. Con la nueva interpretación del Indecopi a la citada norma, los colegios no tienen ningún mecanismo efectivo de cobranza de los padres morosos. Antes se podía retener la libreta, ahora no.

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Pese a la deuda que mantienen algunas familias respecto a los gastos de educación, la enseñanza es lo que único que no se puede dejar de brindar a pesar de que los usuarios no paguen; lo cual no ocurre con los servicios tales como la luz, el agua, teléfono, entre otros. Ante esto, parece que las autoridades no toman en cuenta que la calidad educativa también depende del pago puntual que las instituciones educativas particulares deben hacer a sus profesores, plana administrativa y de servicios.

Artículo publicado previamente en el diario Gestión

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