Precisiones sobre la regulación de los convenios de estabilidad jurídica

Los Convenios de Estabilidad Jurídica (“CEJ”) son mecanismos a través de los cuales el Estado promueve la inversión privada, otorgando diversas garantías a las empresas que los suscriben, ya sea como inversionistas o empresas receptoras de inversión.

En líneas generales, tales garantías están referidas a la estabilización por el plazo de vigencia del CEJ —usualmente 10 años— de diversos regímenes aplicables a la actividad empresarial, siendo el más importante el régimen del Impuesto a la Renta (“IR”) vigente al momento de suscripción del CEJ; en el caso de inversionistas, esta estabilización se refiere únicamente al régimen aplicable a los dividendos y, en el caso de empresas receptoras de inversión, al régimen general del IR.

Ahora bien, ante la falta de una adecuada regulación, en la práctica podemos encontrarnos con diversos problemas en la ejecución o tramitación de los CEJ. Un primer ejemplo podemos encontrarlo en lo referido a la estabilidad del Régimen del IR. La suscripción de un CEJ otorga la estabilidad del referido régimen fiscal vigente al momento de su suscripción; sin embargo, cuando en el 2014 se aprobó un nuevo régimen del IR con una reducción escalonada de las tasas —desde 28% en 2015 hasta 26% en 2019— se entendía que, si una empresa suscribía un CEJ en 2015, se estabilizaría el régimen del IR con las rebajas escalonadas y a partir del 2019 hasta el 2025, dicha empresa aplicaría la tasa del 26%, en la medida en que dichas rebajas ya habían sido aprobadas y formaban parte del régimen vigente en el 2015.

Sin embargo, si bien esta es la interpretación que primaba en el sector privado y en parte del sector público, dentro del MEF y Proinversión la norma fue interpretada en otro sentido y, por un tiempo, se concluyó —de manera extraoficial— que el “régimen” que se estabilizaba en el ejemplo era únicamente el vigente al 2015 y se pretendió que dicha “vigencia” se traduzca en “aplicación”, por lo que, si una empresa suscribía un CEJ en el 2015, cuando la tasa del IR aplicable era del 28%, dicha tasa tendría que ser aplicada a esa empresa por el plazo de vigencia del CEJ y no le serían aplicables las rebajas ya aprobadas.

Ahora, si bien el tema fue aclarado por Sunat en febrero de este año, mediante el Informe Nro. 033-2016-SUNAT/5D0000, señalando que todas las tasas previstas para el 2015 en adelante forman parte del régimen estabilizado, los alcances y magnitud de la interpretación del MEF sirven como ejemplo para exigir la necesidad de una mejor regulación en la materia, que no deje los derechos de los inversionistas a merced de interpretaciones, cuando menos, arbitrarias.

Pero los problemas no quedan en la ejecución de los CEJ, si no que en la mayoría de los casos surgen incluso antes, en la etapa en la que se inicia el trámite ante Proinversión para la suscripción de un CEJ.

Un ejemplo de ello puede encontrarse al analizar uno de los requisitos esenciales para la suscripción de los CEJ; esto es, que el aporte que la empresa inversionista efectúe —y por el cual se suscribe el CEJ— se canalice a través del Sistema Financiero Nacional. No parecería haber mayor problema en la lectura de este requisito, que apuntaría básicamente a servir como una herramienta de control y seguimiento de las inversiones; sin embargo, en la práctica pueden y de hecho se presentan problemas con su cumplimiento. En efecto, muchas de las empresas que desarrollan proyectos de mediana o gran magnitud suelen manejarse a través de grupos empresariales con estructuras complejas, donde una o varias de las empresas integrantes suelen ser accionistas de las empresas operativas constituidas específicamente para el desarrollo de un proyecto (SPV). En este escenario, si una empresa quisiera efectuar una inversión en la SPV de la cual es accionista y quisiera que tal inversión provenga de los dividendos que le corresponden en dicha SPV, no debería haber inconvenientes en considerar ese aporte como una inversión para acogerla a un CEJ, en la medida en que esos dividendos se transfieran a través del Sistema Financiero Nacional entre cuentas de la propia SPV (de la cuenta de utilidades a otra cuenta destinada a la operación del proyecto por ejemplo). Sin embargo, ello no es posible según Proinversión, ya que, de acuerdo con su criterio, es necesario que el dinero sea transferido a una cuenta a nombre del inversionista y sea desde dicha cuenta que ingrese nuevamente a la SPV, para considerarlo como una inversión susceptible de acogerse a la estabilidad otorgada por el CEJ. Es más, si hablamos de inversionistas extranjeros, el dinero que ingrese a la SPV debe provenir de una cuenta bancaria del exterior. Parece inocuo, pero en proyectos que requieren financiamiento externo —en muchos casos de más de una entidad financiera—, el retirar dinero de la SPV para destinarlo a sus accionistas, aunque sea de manera temporal, puede resultar en meses de negociaciones y hasta en la paralización temporal del proyecto.

Otro caso que gráfica la necesidad de mejorar la regulación de los CEJ se presenta al analizar los aportes que se efectúan con primas de emisión. Este tema esta vagamente regulado por una resolución del Consejo Directivo de CONITE —predecesora de Proinversión— de 1996, que, refiriéndose a la inversión extranjera, señala que la parte que se capitalice de dicha prima puede ser considerada como una inversión, para efectos de un CEJ. Queda claro que la capitalización se refiere al movimiento de la prima de la cuenta del Capital Adicional a la cuenta del Capital Social y que debe ser a favor del inversionista que suscribe el CEJ, pero lo que no queda del todo claro es cuánto tiempo tiene el inversionista para que se dé esta capitalización. El plazo para efectuar inversiones susceptibles de acogerse a un CEJ es de dos años y resultaría lógico que la capitalización se deba dar en ese lapso, pero podría ser que esto se dé durante el plazo de vigencia del CEJ, lo cual resulta válido en la medida que no hay una regulación específica ni norma que lo prohíba. Sin embargo, mientras el tema no sea aclarado y Proinversión continúe cambiando constantemente de interpretación, no existirá seguridad en el inversionista.

Las situaciones descritas —y mucha otras— se presentan regularmente y, al igual que con el caso de la aplicación de las tasas del IR, resulta de vital importancia que estos temas sean aclarados, ya sea a través resoluciones del Consejo Directivo de Proinversión o a través de modificaciones expresas a las normas que regulan los CEJ.

About the Author

Sebastián Amat y León Arispe
Sebastián es socio del Área Tributario y Aduanero del Estudios Suárez & Asociados, especializándose en la asesoría nacional e internacional en derecho tributario. Antes de formar parte de Suarez & Asociados, trabajó como asociado senior en el Estudio Rubio Leguía Normand en la ciudad de Lima. En el ámbito académico, Sebastián fue adjunto de docencia del curso de Impuesto a la Renta en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre los años 2013 y 2015 y actualmente es docente de cursos de Derecho Tributario en la Universidad Nacional de San Agustín.

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