Trabajo forzoso: ¿sanción penal o infracción administrativa?

Con la reciente modificatoria al Código Penal del Art. 168-B y bajo la técnica legislativa utilizada, se entendería que la idea de trabajo forzoso ha dado un giro distinto al que se concibe laboralmente.

POR ANALÍ YAURI GUERRA, SOCIA DE ZEGARRA AGUILAR ABOGADOS

En el ámbito laboral, el término trabajo forzoso ha sido definido por aquellos instrumentos articuladores que buscan prevenir y erradicar este tipo de trabajo, conceptualizándolo como una situación de vulneración de la libertad de trabajo, que supone una restricción ilícita de la capacidad de la persona para decidir si trabaja o no, para quién y en qué condiciones, lo que guarda estrecha relación con el Convenio Fundamental de la OIT Núm. 29, que lo define como todo trabajo o servicio exigido bajo la amenaza de una pena cualquiera sin previo consentimiento del individuo.

Con la reciente modificatoria al Código Penal del Art. 168-B y bajo la técnica legislativa utilizada, se entendería que la idea de trabajo forzoso ha dado un giro distinto al que se concibe laboralmente, dado que —actualmente— en el ámbito penal es presumible que el trabajo forzoso sea considerado delito, al castigar la conducta de aquel ejecutivo de empresa que somete u obliga a otra persona, a través de cualquier medio o contra su voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no, siendo sancionado con una pena privativa de libertad desde 6 hasta un máximo de 12 años, lo que genera ambivalencias legales dentro de nuestro sistema jurídico peruano.

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Esta norma lo que hace es otorgar poder a aquel trabajador que se sienta afectado en el caso de la imposición de horas extras, ya que esta vez no solo podrá denunciar a su empleador ante Sunafil, sino también ante la justicia penal, bajo la idea de que la prolongación de la jornada laboral implicaría trabajo forzoso sin consentimiento. Esto acarrea que, en el procedimiento penal, se tenga que probar la imputabilidad del empleador, la conducta dolosa, la falta de manifestación de voluntad del trabajador después de la jornada laboral, así como la concurrencia de todos los presupuestos del delito para la respectiva sanción de la pena.

Bajo este panorama, consideramos que la interpretación de la norma penal sobre el trabajo forzoso debe ser realizada con observancia obligatoria de las normas internacionales de la OIT, así como los protocolos y las normas de inspección laboral, de tal forma que permitan distinguir que el trabajo forzoso castiga penalmente situaciones de grave afectación a la libertad de trabajo de una persona, como la prostitución, tala de árboles, minería informal, servidumbres por deudas, entre otros, no siendo aplicable para el caso de horas extras, ya que éstas son consideradas infracciones administrativas muy graves con sanción de multa por parte de Sunafil y una indemnización a favor del trabajador afectado equivalente al 100% del valor hora extra, siempre que demuestre que le fue impuesta.

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De esta forma, solo será necesario recurrir al derecho penal como ultima ratio (intervención mínima o último recurso) para efectos de eficiencia y racionalidad en la búsqueda de justicia penal, agotando los remedios de forma a priori con el resto de operadores jurídicos, como —en nuestro caso— los procedimientos de fiscalización
laboral que tienen por finalidad sancionar infracciones en que hayan incurrido los empleadores. Y, de existir una intervención penal, el juez no deberá limitar su función a una mera interpretación literal del Art. 168-B, sino que deberá extender su análisis de forma global y sistemática; caso contrario, se estarían duplicando
sanciones, vulnerando así el principio non bis in ídem (no dos en uno).

Publicado en Mercados & Regiones número 19, abril de 2017     

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