“Vía Arequipa – La Joya”, ¿dejará de ser una noticia, para volverse una carretera?

El interés del Ejecutivo en impulsar la culminación de la vía Arequipa – La Joya parece que destrabará la obra y acelerará los procesos para su culminación, pero ¿por qué venimos escuchando de esta carretera hace tanto tiempo?

Remontémonos a noviembre de 2004 (más de 12 años atrás). Siendo presidente regional Daniel Vera Ballón, un consorcio llamado Congesco presentó una iniciativa privada de un proyecto que consistía en una carretera entre Arequipa (partiendo de Yura) hasta La Joya. El Organismo Promotor de la Inversión Privada (OPIP) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) declara el proyecto viable y el Consejo Regional aprueba que esta carretera de 38 kilómetros se construya mediante una concesión.

Después de cinco días que el OPIP cierra la oferta pública (25 de enero de 2005), al no haber privado con interés, el Consejo Regional le da la concesión directamente a Congesco.

El GRA y Congesco suscriben el contrato para la ejecución de la Autopista Arequipa – La Joya el 21 de julio de 2005. Según el diario La República, el trato fue que los costos correrían por parte de Congesco (US$ 30 millones), que serían recuperados en 30 años de concesión.

Según la fuente mencionada, a mayo de 2006 el consorcio no avanzaba, de manera que el OPIP anuncia el rompimiento del contrato por incumplimiento. A través del anuncio de ingreso de un socio estratégico financista, Congesco logra que no se anule el contrato y solicita una ampliación de contrato el 15 de noviembre de 2006, el cual fue aceptado el 20 de diciembre y firmado el 29.

Llegado el 2007, con nuevo presidente regional (Juan Manuel Guillén), el consorcio y su socio estratégico no cumplen con sus obligaciones, por lo que son notificados por incumplimiento. El 29 de agosto, Congesco solicita modificación del contrato, lo que el GRA no acepta. El Gobierno Regional pide facultades para cancelar el contrato, las cuales fueron aprobadas en octubre por el Consejo Regional.

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Según escritura pública, por demoras en la ejecución de la anulación, Congesco traspasó la concesión al consorcio Arequipa-La Joya SAC en noviembre de 2008. En lugar de observar tal transacción, Guillén ordena la cancelación de la orden de anulación del contrato, y logra que el Consejo Regional dé autorización para proceder a calificar la nueva propuesta.

A pesar de una irregular constitución y manejo del nuevo consorcio según Contraloría, el 19 de diciembre de 2008 se firma una adenda al contrato, alargando plazos que serían también incumplidos. En mayo de 2009 se firma otra adenda, que eleva el valor del proyecto de US$ 30 millones a US$ 82 millones 396 mil según el perfil elaborado por el nuevo consorcio.

De acuerdo con fuentes periodísticas, la concesionaria no podía asumir ese monto, por lo que en julio el GRA irregularmente cambia el modelo de inversión a cofinanciado. La región se comprometió a dar US$ 35.6 millones a cambio de la reducción de la concesión de 30 a 15 años.

Bajo estas circunstancias, el Ministerio de Economía y Finanzas ordenó el cierre y liquidación del proyecto, lo que el GRA no acató. La Región recibió el perfil técnico, al cual el OPIP hace observaciones que la concesionaria no acepta.

El 27 de agosto de 2009, el MTC notifica al GRA que tenía interés en ejecutar el proyecto, que cancele la concesión para empezar con los estudios de preinversion. Guillén rechaza la propuesta del Ministerio a pesar de las irregularidades del consorcio. El 11 de enero de 2010, la concesionaria presenta estudios y diseños definitivos.

En abril de 2010, al no contar el concesionario con respaldo financiero, se anula el contrato. Después de resarcir con 7 millones y medio de soles a la concesionaria, el GRA cambia el modelo de inversión a administración directa, y empieza la ejecución del proyecto en septiembre del 2010. Divide la obra en dos etapas. Al ejecutar la primera, se percata que el consorcio que hizo los estudios no certificó la inexistencia de restos arqueológicos y que el estudio de impacto ambiental tenía deficiencias.

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La primera etapa completa costó 114 millones 752 mil soles en solo 15 km de los 38 km totales y fue culminada en diciembre de 2012, según informó La Republica. Se llamó a concurso público para la elaboración de un estudio definitivo sobre el segundo tramo de la carretera. El consorcio peruano español Arequipa-La Joya ganó el 18 de febrero de 2013; el costo del estudio sería de 10 millones de soles con un plazo de 90 días. El proyecto Tramo II tiene un costo de 550 millones de soles, y cuando se quiso continuar con la segunda etapa, la gestión de Guillén se quedó sin dinero para financiarlo.

De acuerdo a lo informado por el diario Gestión, el lunes 17 de marzo de 2014, el GRA creo el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada de la región (CEPRI Arequipa). El tiempo de vigencia del CEPRI Arequipa sería temporal, hasta concluir los procesos de promoción de la inversión privada a efecto de evaluar la construcción del Tramo II, así como la operación y mantenimiento del proyecto integral, mediante una Asociación Público Privada (APP).

A partir de entonces, ha habido privados que han mostrado interés en culminar el proyecto: Málaga Constructores presentó una iniciativa privada para la segunda etapa del proyecto, Consorcio La Joya también mostro interés, así como la empresa china Communications Construction, entre otros.

En enero de 2017 el Ejecutivo oficializó la transferencia de 15 millones de soles para la obra, que se suma a los 25 millones que ya asignó el año pasado para uno de los componentes del proyecto. El dinero será destinado a la ejecución del puente y los accesos, que costarán 114 millones de soles, pero quedará pendiente una vía de 19 kilómetros, dos túneles y un intercambio vial.

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