Presentan proyecto para crear Oficina de Asuntos Económicos dentro del Congreso

El Comercio.- Una de las secciones obligatorias de todo proyecto de Ley que se presenta el Congreso es la del análisis costo-beneficio. En esta se busca explicar principalmente dos aspectos: si la medida le va a costar al Estado (lo cuál la invalidaría, excepto si la fuente del dinero es el propio Congreso) y cuál será su impacto en la economía nacional.

Para mejorar este sistema de análisis, la congresista Mércedes Araoz, junto con otros cuatro parlamentarios oficialistas, han presentado un proyecto de Ley (PL) para crear la Oficina de Asuntos Económicos del Congreso.

Esta entidad sería la encargada de implementar un sistema de análisis técnico sobre el impacto en la sociedad de los dictámenes elaborados por las comisiones, así como a través de un estudio del control ex post de las leyes vigentes.

De acuerdo al texto del proyecto, solo cuatro de cada 100 iniciativas legislativas cumplen estándares mínimos de análisis costo-beneficio. Adicionalmente, se estima que de aprobarse los proyectos que están en agenda, al Estado le costaría entre S/98 mil millones y S/105 mil millones.

La Oficina sería financiada con cargo al presupuesto institucional del Congreso.

INTENTOS ANTERIORES

En marzo de 2012, el congresista Luis Galarreta presentó el Proyecto de Ley N° 879/2011-CR con la finalidad de subsanar la práctica recurrente de presentar propuestas legislativas sin el debido y correcto análisis costo-beneficio. El partido Solidaridad Nacional hizo lo propio en diciembre del mismo año.

A ellos se unión, en agosto de 2016, el congresista Alberto De Belaunde con el proyecto 00109/2016-CR, que ya proponía crear la Oficina de Estudios Económicos. En este sentido, De Belaunde se esta entidad se trata de una necesidad para el Legislativo.

“Saludo la presentación del proyecto de ley que va en la misma línea del PL que presenté en el 2016. Mejorar los procesos legislativos para tener mejores leyes pasa necesariamente por hacer un análisis de impacto regulatorio de las cosas que estamos aprobando. Ojalá que el consenso de ambas iniciativas permita ampliar el consenso político al interior del parlamento y que más bancadas se animen a hacer suyas estas propuestas”, señaló a este Diario.

El análisis costo beneficio es considerado obligatorio desde 1993.

EL MECANISMO

La oficina sería manejada por un Consejo Consultivo, el cual no deberá representar intereses particulares ni tener afiliación política. Estos serán elegidos por la Comisión Permanente del Congreso.

El Consejo determinará la metodología de formulación del análisis costo-beneficio que realizará la Oficina. Además, evaluará cuantitativamente y cualitativamente los beneficios y costos relevantes esperados de la propuesta normativa.

Los tipos de normas a evaluar deberán cumplir con al menos uno de estos requisitos:

  • Impacto presupuestario significativo.
  • Impacto en temas de competencia: apertura de mercados, empleo, competitividad, productividad, inversiones, innovaciones, ambiente y otros afines.
  • Impacto en tratados internacionales firmados por el Perú.
  • Impacto en lo establecido por el Marco de Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero.

EXCESO DE NORMAS

De acuerdo al texto, la actual conformación del Congreso registra 511 normas emitidas a marzo del 2019, lo que implica un promedio de 192 normas por año, “a razón de 1 nueva ley que deben conocer y cumplir los ciudadanos cada 2 días”.

A nivel legislativo, se han emitido más de 2.200 normas durante los últimos 15 años, lo que implica que -en promedio- el Congreso de la República ha creado más de 150 leyes al año durante los últimas dos décadas.

Según la Comisión para el Ordenamiento Legislativo del Congreso, el 57% de las más de 33 mil leyes en el Perú debería ser derogado (más de 20 mil leyes), principalmente por cuestiones de forma, proceso de depuración aún en curso.

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