Arequipa: mineras invirtieron S/ 66 millones para evitar conflictos

La República.- Las operaciones mineras se convirtieron en fuente de los conflictos socioambientales en el país. En el valle de Tambo, provincia arequipeña de Islay, un sector de la población se resiste al proyecto minero Tía María; no solo temen la contaminación, también cuestionan el impacto de la actividad extractiva en el desarrollo de las zonas de influencia.

No es el único proyecto minero con dificultades. La respuesta de las compañías ha sido invertir en relacionamiento social para disminuir ese clima de tensión.

De acuerdo a la última actualización de la Declaración Anual Consolidada (DAC) que hacen todas las mineras al Ministerio de Energía y Minas, en la región de Arequipa invirtieron poco más de S/ 66 millones 826 para implementar planes de gestión social.

Esa estrategia apunta a prevenir y mitigar los impactos sociales negativos que genera esta actividad en su zona de influencia. Sin embargo, los conflictos persisten en zonas donde se han invertido millones. ¿Qué ocurre?

Para Juan José Ccoyllo, del Grupo Propuesta Ciudadana, es necesario que el Estado, bajo un enfoque preventivo y territorial, fortalezca espacios permanentes y eficaces de participación ciudadana y dialogo sobre el impacto de las actividades extractivas, que convoquen a todos los agentes involucrados y vayan acompañado de un diagnostico amplio de las necesidades que existen en el territorio.

¿Qué son estos aportes?

Los aportes sociales son una inversión obligatoria, porque se encuentran enmarcados en instrumentos de gestión ambiental aprobados por los ministerios del Ambiente y Energía y Minas. También pueden ser voluntarios, cuando surgen de espacios de diálogo. Anualmente, las mineras están obligadas a presentar la información para fiscalizar si cumplieron con los compromisos asumidos. La data actualizada es del año 2018.

Un Estudio de Impacto Ambiental no solo mide las posibles afectaciones que generará la actividad minera, una parte del estudio también examina el entorno social. Se diseñan estrategias para contrarrestar posibles impactos negativos en el Plan de Gestión Social de cada empresa. Este documento es fiscalizado por OEFA y la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.

El Plan de Gestión Social contiene un plan de desarrollo comunitario, programa de inversiones y un programa de monitoreo. Pese a ello, persisten los conflictos.

Por ejemplo, la DAC muestra que en el 2018 la minera Southern invirtió S/ 2 millones 911 mil en la provincia de Islay, como parte de su Plan de Gestión Social. Pese a ello, en 2019 se reavivó el conflicto en el valle de Tambo, cuando se entregó la licencia de construcción de Tía María. Esta inversión estaba destinada a prevenirlo. Para poner paños fríos al asunto, los funcionarios de la empresa tuvieron que admitir que no había licencia social y que iniciarían el proyecto una vez la consiguieran.

La declaración jurada muestra que se invirtió S/2 millones 318 en proyectos destinados a la salud. A la educación S/ 169 mil, para la promoción de la cultura unos S/145 mil, para infraestructura básica S/7 mil y para la gestión ambiental S/ 3 mil. La mayor parte del presupuesto se destinó al financiamiento de los expedientes de los hospitales de Cocachacra y Alto Inclán.

Inversión que debe hacer el Estado

Lo que muestra el registro de declaraciones es que las mineras destinan la mayor parte de su inversión social a la creación de infraestructura básica (caminos, redes de agua y luz, etc), que a la nutrición, el empleo local y la gestión ambiental.

En Arequipa, 14 empresas presentaron su declaración jurada. La provincia que recibe mayor inversión es Arequipa. Cerro Verde destinó S/ 43 millones 797 mil. La provincia que recibe menos inversión es Camaná.

La minera Buenaventura reportó sobre 4 operaciones, donde invirtió más de S/ 9 millones 101 mil. En Lari, donde funcionan las unidades mineras Chaquelle 32 y Chaquelle 41, se invirtió S/ 349 mil. El mismo año los pobladores del distrito protestaron contra la minera, señalando que no cumplía con sus compromisos asumidos.

Jorge Sosa, profesor de la Universidad Católica Santa María, explica que estas inversiones se tienen que dar, porque de lo contrario no saldrían adelante proyectos mineros. Sin embargo, cuestionó que la mayor parte se destine a infraestructura básica, salud y educación; ya que esta labor le compete al Estado, pero por abandono es asumida por los privados, como una estrategia para obtener la licencia social.

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