Ejecutivo peruano descarta negociar con Odebrecht bajo “medidas de presión” contra el Estado

América Economía.- La Comisión Especial que representa al Estado peruano en Controversias Internacionales de Inversión descartó este martes negociar bajo “medidas de presión” con la empresa Odebrecht Latinvest, que impulsa una demanda internacional por el proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Mediante un comunicado, la Comisión indicó que “no es posible aceptar negociar con una empresa que utiliza medidas de presión contra el Estado” peruano para no avanzar en su demanda ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El pasado 4 de febrero el CIADI, un tribunal arbitral afiliado al Banco Mundial (BM), publicó la demanda interpuesta por la brasileña sobre el proyecto GSP, en contexto del cual la constructora pide una indemnización por US$1.200 millones.

Posteriormente, el 12 de febrero, Odebrecht envió una carta a la Comisión Especial de Perú con el fin de realizar “tratativas amistosas”.

La representación legal de Perú criticó, en ese sentido, que la constructora no se haya comunicado con la Comisión para buscar una solución amistosa antes de plantear su demanda ante el CIADI, por lo que no es posible negociar bajo “presión”.

Por otra parte, apuntó que “en vista de (los) hechos ilícitos y prácticas corruptas reconocidos por el Grupo Odebrecht en relación con el proyecto GSP”, que es objeto de la demanda arbitral, y mientras no se determine el “alcance de tales hechos”, no podrá aceptar la propuesta de negociación.

La demanda ante el CIADI presentada por Odebrecht Latinvest, una subsidiaria constituida en Luxemburgo de la empresa brasileña Odebrecht S.A, incluye la exigencia de más de US$1.200 millones de indemnización.

La compañía argumenta que el Estado peruano violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano.

De la misma forma, argumenta que el 24 de enero de 2017 el Perú canceló de forma arbitraria el contrato de concesión del GSP y adoptó otras medidas que violan los derechos de la subsidiaria de Odebrecht, como ejecución de la carta de fianza correspondiente.

No obstante, el Estado peruano dio por terminado el contrato en vista de que el consorcio no pudo obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el contrato de concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado.

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