La reducción deliberada de la vida útil de los bienes debería ser penalizada

Por Martin Alegría, asociado sénior de Dentons Perú.

¿Cuál es la vida útil de un microondas?, ¿Cuánto tiempo funciona un celular?, ¿por qué se descontinúan las piezas de ciertos autos?, ¿por qué falla el televisor? Todas esas preguntas – superado el uso correcto del bien u objeto – tienen como respuesta  la obsolescencia programada, que no es más que el deterioro del bien establecido por el fabricante para que en cierto y determinado tiempo dicho equipo deje de funcionar.

Esta es una práctica comercial usual y tiene una lógica económica simple: el fabricante quiere seguir produciendo equipos para poder venderlos y por eso, los bienes que ya fueron adquiridos deben fallar para propiciar la adquisición de nuevos equipos o dar paso al ingreso de la nueva “versión”, claramente más costosa que la anterior.

Esta situación genera dos frentes que deben ser observados y que no son menores: un fuerte consumo de materias primas y energía para la fabricación de los nuevos productos, y una contaminación creciente causada por los equipos obsoletos, sobre todo en países (como el nuestro) con una pésima o nula cultura de reciclaje.

Sin embargo, la legislación en la mayoría de países ha decidido cerrar los ojos frente a este problema alegando el buen funcionamiento (económico) del mercado, puesto que solicitar y/o exigir que los bienes tengan una duración mayor afectaría el derecho del fabricante a colocar mayores productos y obtener ingresos por las ventas de los mismos.

El único país con una legislación que penaliza la obsolescencia programada es Francia, quien de manera expresa prohíbe que se reduzca de manera deliberada la vida útil de un equipo para promover el reemplazo del mismo, castigando con dos años de prisión y una multa de 300,000.00 euros, monto que puede incrementar hasta el 5% de la facturación anual de la empresa, calculada sobre el volumen de sus negocios en los tres últimos ejercicios.

Ejemplo de ello es que en dicho país se abrió una investigación contra Apple, acusándola de programar la obsolescencia de los equipos lanzados al mercado en el 2014 y 2015, para que las baterías fallen y así estos se hagan más lentos, dando paso al recambio de los mismos, vía la adquisición de nuevos equipos.

Luego de la investigación correspondiente, la Dirección General de Competencia, Asuntos del Consumidor y Prevención del Fraude de Francia concluyó en que la falta de información a los consumidores respecto a la reducción de funciones y vitalidad del IPhone constituía una práctica comercial engañosa por omisión.

Ante ello, los resultados de esta investigación fueron trasladados a la Fiscalía competente de dicho país, la cual llegó a un acuerdo con Apple y la multó con el pago de veinticinco millones de euros y la publicación por un mes de un aviso en su página respecto a dicho evento.

Sin embargo, es claro que normas como esta van a demorar en proponerse en nuestro país, por lo que, mientras ello sucede, se debería promover una economía circular, para tratar – al menos – de reducir el daño que la obsolescencia programada (permitida y no penalizada) le hace a nuestro país.

Tal y como sucede en Francia, es necesario que en Perú se genere esta discusión en el Congreso y se emita una ley de ese tipo, o se introduzcan normas en el código penal y/o de consumo que prohíban la reducción de la vida útil de los bienes, acabando por fin con la frase “cuesta más repararlo que comprar uno nuevo”, que es la base de la obsolescencia programada que tanto daño causa, pero de la que poco se tiene mapeado.

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