Scotiabank: El actual plan económico más contundente de la historia es un reto para las finanzas fiscales futuras

El gobierno peruano ha anunciado un ambicioso Plan Económico para hacer frente a los impactos negativos que viene generando el coronavirus (Covid-19) en la salud pública y en la actividad económica.

Artículo de Pablo Nano, publicado en el Reporte Semanal (del 20 al 24 de abril del 2020) del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank.

Este plan, equivalente al 12% del PBI, es de un tamaño nunca antes visto a nivel local y uno de los más altos entre los mercados emergentes. Si bien la prioridad es evitar la mayor pérdida de vidas posible, preservar la mayoría de
empleos e impedir la ruptura de cadena de pagos en la economía -que dificulte una reactivación económica posterior-, no deja de preocupar el impacto que generará este plan en las cuentas fiscales.

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Con la información existente hasta el momento, consideramos que el déficit fiscal se elevaría a un monto cercano al 8% del PBI durante el 2020, su nivel más elevado de los últimos 30 años (ver gráfico). No obstante, el prudente manejo fiscal mostrado por los diferentes gobiernos en las últimas décadas y el bajo nivel de deuda pública (-26.8% del PBI), una de los más bajos
de los mercados emergentes-, permitirían al Perú financiar sin mayores problemas un incremento temporal de su déficit fiscal.

El Plan Económico incluye medidas por cerca de S/ 90,000 millones, alrededor del 12% del PBI, de las cuales ya se había aprobado alrededor de S/ 63,000 millones al 15 de abril (ver cuadro). Sin embargo, no todas las medidas tienen un costo fiscal. Efectivamente, el Programa Reactiva Perú ascendente a S/ 30,000 millones con fondos provenientes del Banco Central
de Reserva (BCR), establece garantías del gobierno -que van del 80% al 98%- para otorgar créditos principalmente a las micro y pequeñas empresas a través del sistema financiero hasta por tres años. En ese sentido, sólo en la eventualidad que al terminar el plazo algunas empresas no paguen sus créditos, se activará la garantía del gobierno y se considerará un costo fiscal, lo que de ocurrir se daría en los próximos años y por lo tanto no
afectaría el déficit fiscal del 2020.

Asimismo, las medidas anunciadas incluyen la liberación de ahorros de las familias, por alrededor de S/ 15,000 millones (ver cuadro), decretada por el gobierno para afrontar el período de aislamiento social obligatorio (cuarentena). En un inicio se autorizó el retiro de los fondos de pensiones (AFP) por hasta S/ 2,000 para aquellos trabajadores formales que estuvieran
desempleados desde hace por lo menos seis meses.

Posteriormente, se flexibilizó la norma para incluir a los siguientes afiliados: i) aquellos que hayan perdido sus empleos hasta hace un mes; ii) a los trabajadores cuyas empresas se acojan a la modalidad de suspensión perfecta de labores -lo que implica la interrupción temporal del pago de remuneraciones-; y iii) aquellos que continúen en planilla pero que obtengan ingresos menores a S/ 2,400 mensuales.

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Adicionalmente, se dispuso la exoneración de la retención del aporte de 10% de los trabajadores formales a las AFPs durante abril -lo que implicará un incremento temporal de 10% en los ingresos netos- y la liberación de los recursos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) por hasta S/
2,400 y, en el caso de los trabajadores bajo la modalidad de suspensión perfecta de labores, podrán retirar de su CTS una remuneración mensual mientras dure la cuarentena.

Medidas con costo fiscal

Por el lado fiscal las medidas apuntan a un incremento temporal del gasto público, así como un alivio tributario a las empresas y personas que generará una caída en los ingresos fiscales. Las medidas están enfocadas en tres aspectos fundamentales: i) atención a la emergencia; ii) soporte a las familias vulnerables; y iii) soporte financiero a las empresas.

La atención a la emergencia ha demandado una asignación de recursos por S/ 1,303 millones. Dentro de las medidas se incluyen los fortalecimientos de servicio de salud -la habilitación del espacio físico en hospitales para el tratamiento del Covid-19, la compra de pruebas de diagnóstico, la compra de artículos de protección para el personal de salud, la adecuación de la
Villa Panamericana, entre otros-; la limpieza en el sector educativo y transporte -desinfección de unidades de transporte público, compra de kits de higiene para centros educativos-; tareas de orden público y traslado de ayuda humanitaria.

Para el soporte a las familias se ha canalizado cerca de S/ 5,000 millones y ha estado centrado en las personas en condición de pobreza y trabajadores independientes, en la medida que son los segmentos de la población más
vulnerables pues generan sus ingresos diariamente y el aislamiento social obligatorio les impide salir a trabajar. En ese sentido el gobierno dispuso inicialmente la entrega de un bono de S/ 380 a 2.7 millones de hogares vulnerables y a 780 mil hogares independientes para que puedan afrontar el período de aislamiento que inició el 16/03 y que iba a finalizar el 31/03. Posteriormente, ante la ampliación de la cuarentena hasta el 12/04, el gobierno dispuso un bono adicional de S/ 380 para las cerca de 3.5 millones de familias beneficiadas por el primer bono.

Adicionalmente el gobierno destinó S/ 200 millones al pago de subsidios a los trabajadores que se vieran imposibilitados de trabajar por el contagio del coronavirus y transfirió S/ 213 millones a las municipalidades para la adquisición y distribución de canastas de alimentos para las poblaciones
vulnerables. Finalmente, para los trabajadores de mypes que ganen hasta S/ 2,400, el gobierno les otorgará una prestación de S/ 740 mensuales y se hará cargo del costo de las prestaciones de salud si sus empresas se acogen a la
suspensión perfecta de labores.

De otro lado, el gobierno ha asignado también alrededor de S/ 12,000 millones para evitar que la interrupción de la actividad económica genere el quiebre de empresas, en especial las micro y pequeñas (mype). Así, dentro de las principales medidas destacan el subsidio de 35% para el
pago de las planillas de trabajadores -con ingresos de hasta S/ 1,500- del mes de abril, medida que beneficiaría a más de 200 mil empresas y para la que han destinado fondos por S/ 600 millones. Además, se ha lanzado el Fondo de Apoyo Empresarial (FAE MYPE) por S/ 300 millones con el fin de otorgar préstamos de corto plazo a las micro y pequeñas empresas. Por último, se ha otorgado medidas de alivio tributario como la prórroga de la declaración y pago del Impuesto a la Renta de febrero, marzo y abril de empresas con facturación hasta S/ 21 millones, la devolución anticipada del pago de detracciones y del Impuesto a la Renta pagado en exceso durante el ejercicio 2019.

Financiamiento

Las proyecciones de un significativo incremento de déficit fiscal no han generado un cambio en las perspectivas de la calificación de la deuda soberana peruana. Las principales agencias calificadoras coinciden en que el prudente manejo fiscal mostrado por los diferentes gobiernos en las
últimas décadas y el bajo nivel de deuda pública -26.8% del PBI, una de los más bajos de los mercados emergentes-, permitirían al Perú financiar sin problemas en el mercado financiero internacional un incremento temporal
de su déficit fiscal -estimado por nosotros en alrededor de 8% del PBI-.

Cabe anotar que recientemente el gobierno ha suspendido temporalmente el límite de déficit fiscal para el 2020 y 2021 -2.0% y 1.8% del PBI, respectivamente- así como el límite de deuda pública -30% del PBI- para tener la flexibilidad fiscal suficiente para afrontar la emergencia sanitaria y económica como consecuencia del coronavirus.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha señalado que su estrategia de financiamiento del déficit incluye tres frentes: i) reasignaciones presupuestales; ii) adecuado manejo de activos financieros del sector público, y iii) acceso al mercado de deuda.

En cuanto al primer punto, el MEF viene recurriendo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Presupuesto 2020 así como a la reasignación de algunas partidas como viáticos para ser destinados a sectores como salud.

En cuanto al segundo punto, el Estado posee activos financieros por alrededor del 14% del PBI, incluyendo el Fondo de Estabilización Financiera (FEF) que bordea los US$ 5,500 millones, equivalente al 2.5% del PBI. En
cuanto al tercer punto, el gobierno peruano colocó el pasado jueves US$ 3,000 millones en Bonos Globales a tasas de interés mínimas históricas. Se emitieron bonos con dos diferentes plazos: el Bono Global 2026 a una tasa
de 2.39%, y el Bono Global 2031 a una tasa de 2.78%.

Estas bajas tasas de interés fueron posibles gracias a una demanda récord de US$ 25,000 millones, lo que demuestra el atractivo que mantiene la deuda soberana peruana entre inversionistas extranjeros.