ZegarraLaw: Mis obligaciones en tiempos de pandemia ¿Ellas también están en cuarentena?

Las consecuencias económicas del aislamiento social obligatorio dictado por el Gobierno para contener la propagación del Covid-19 al que nos vemos sometidos ha generado que muchos sectores de la economía se vean perjudicados.

Por: Mariafernanda Rivera Prado y Gonzalo Lajo Feria  – Área Corporativa de Zegarra Aguilar & Delgado Zegarra-Ballón Abogados – mrivera@zegarralaw y glajo@zegarralaw.com

Si bien esta medida es reconocida como válida considerando el propósito de la misma, esta tiene como inmediata consecuencia una serie de externalidades dentro de las cuales está la imposibilidad de muchos sujetos de dar cumplimiento con sus contratos civiles, comerciales o de consumo por lo que en el presente artículo nos centraremos en analizar la “fuerza mayor” como consideración legal derivada de las restricciones impuestas por el Gobierno en esta cuarentena.

Como sabemos, los contratos se celebran para cumplirse (pacta sunt servanda), pero el aislamiento social obligatorio y demás medidas que ha tomado el Gobierno para combatir el COVID-19 pueden considerarse como medidas extraordinarias, imprevisibles e irresistibles totalmente ajenas a la voluntad de las partes a lo que jurídicamente se denomina “causa no imputable”.

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Hablamos de “fuerza mayor” cuando un sujeto está imposibilitado de dar cumplimiento a su obligación por actos de la autoridad, que es lo que en este caso se aplica, pues mediante D.S. No. 044-2020-PCM  y otros, el Estado Peruano declaró cuarentena; medida que a efectos de salvaguardar la vida y la salud de la población ha restringido derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, libre tránsito, libertad de trabajo, empresa así como el comercio e industria. Esta situación de emergencia únicamente permite operar a los servicios básicos, de salud y alimentación, así como algunos pocos permitidos por el Gobierno; por lo que las obligaciones referidas a dichos servicios esenciales deberían de operar sin mayor inconveniente, no existiendo excusa por el obligado para incumplirlas.

Sin embargo, en líneas generales podríamos señalar que las actividades que están fuera de los rubros permitidos en este estado de emergencia pueden encajar en la causal de fuerza mayor, ya que las limitaciones existentes impiden a estos sujetos seguir operando. Las circunstancias que nos hace vivir el COVID-19 son extraordinarias, pues se trata de un acontecimiento que no tiene precedentes, es inusual y sale de lo ordinario, son imprevisibles pues no pudo ser prevista en el orden normal de la cotidianidad, y también son irresistibles ya que ninguna de las partes puede impedir las limitaciones impuestas por el Estado. Siendo esto así, quien se vea impedido de cumplir con su obligación puede invocar la causa de “fuerza mayor” para justificar su incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso, conforme lo habilita el artículo 1315 del Código Civil.

Para activar la fuerza mayor y justificar el incumplimiento, en principio, tenemos que respetar lo señalado en el contrato. Es común que se pacten cláusulas referidas a la fuerza mayor en la que están preestablecidos los efectos de la ocurrencia de estos eventos identificando además la parte que asumirá este riesgo. Lo usual es que la parte afectada por la “fuerza mayor” notifique a la otra de manera inmediata de su imposibilidad para que la otra pueda tomar las medidas necesarias, resguardar sus intereses y aminorar los perjuicios. Para tal efecto, se tendrá que comunicar la imposibilidad de cumplimiento de la obligación (puede ser por por correo electrónico). Se puede invocar además esta causal a pesar de no haber sido estipulada en el contrato.

Ahora bien, los efectos que se produzcan por el incumplimiento de sus obligaciones deben ser evaluados por las mismas partes involucradas, ya que ellas conocen perfectamente su negocio y están en mejor posición de evaluar sus riesgos y el costo/beneficio de sus decisiones. Deben negociar bajo el principio de la buena fe, principio que debe regir ante la negociación, celebración y ejecución de todo contrato (artículo 1362 del código Civil) y solucionar el problema reponiendo el equilibrio económico en esta relación económico-contractual, calculando los parámetros aceptables y proporcionados de rentabilidad, de ahí que no podemos esperar por parte del Estado una norma que regule dicha situación, quedando esto en el ámbito de la libertad contractual (bajo la autonomía privada).

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La consecuencia de la invocación de la fuerza mayor es que subsiste una obligación de dar o hacer suspendida, esto siempre y cuando persista el interés y la posibilidad de seguir cumpliendo la prestación, en tanto que la “fuerza mayor” originada por el COVID-19 es temporal. Sin embargo, en caso que, de acuerdo a la naturaleza de la prestación el obligado ya no se encuentre en la posibilidad de ejecutarla, ésta se extingue y el contrato se da por terminado. Así, por ejemplo, el obligado a instalar un escenario para un concierto programado para el día 30 de marzo por obvias razones no ha podido cumplir con su obligación y no podrá cumplirla considerando que el evento no se realizó.

A manera de conclusión, el principio universal es que los contratos deben ser respetados por las partes suscribientes pues son de obligatorio cumplimiento, pero también existen excepciones pues nadie está obligado a lo imposible.

Se recomienda entonces que las partes que se vean perjudicas por las medidas de Emergencia Sanitaria estén en constante comunicación con sus acreedores y en base a negociaciones de buena fe, colaboración y equidad, restablezcan el equilibrio económico en la relación contractual. Si esto no se logra solucionar de esa forma y llegara eventualmente a instancias jurisdiccionales o arbitrales, estas deberán de hacer un test muy riguroso para declarar libre al deudor de sus obligaciones contractuales. Así, el juez o el árbitro deberán de ver en retrospectiva y definir si el que incumplió, en el momento de la ejecución del contrato, estaba en posición o no de cumplir con su prestación, determinando en función a ello la exigibilidad de la prestación, la procedencia o no de eventuales resoluciones contractuales o el pago de penalidades.