ZegarraLaw: Si se rompe la cadena de pagos, ¿cómo mitigamos el impacto tributario?

En la situación actual de estado de emergencia existen diversas medidas tomadas por el gobierno con el objetivo de reducir el impacto que la paralización tiene en la economía.

Gonzalo Escalante – Jefe del Área Tributaria gescalante@zegarralaw.com

Dentro de las principales medidas tenemos que el Decreto Legislativo 1455 (DL 1455) creó el Programa Reactiva Perú (el Programa), cuyo objetivo es promover el financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo de las empresas que cuentan con obligaciones de corto plazo con sus trabajadores y proveedores. Ello con el objetivo de asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional.

Ahora bien, más allá de los esfuerzos realizados por el gobierno es cierto que muchas compañías no podrán superar el impacto económico negativo ocasionado con motivo de las circunstancias económicas existentes. Es entonces necesario analizar qué pasará cuando las compañías que no puedan recuperarse de la actual paralización económica empiecen a incumplir con los pagos a sus proveedores rompiendo así la cadena de pagos.

Veamos un caso en el cual una empresa ve como sus clientes van incumpliendo con los plazos de pago, y tiene dudas respecto a cómo mitigar el impacto fiscal de dichos incumplimientos pues resulta evidente que estos deudores lamentablemente no se van a recuperar de los efectos generados por la declaratoria de estado de emergencia o de hacerlo no podrán cumplir con sus obligaciones en el corto plazo. En esta situación se debe considerar que la empresa acreedora ya ha cumplido con el pago del Impuesto a la Renta (IR) asociado a la deuda que tiene pendiente de cancelación con los clientes que han visto perjudicada su capacidad de pago.

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Ante este escenario tenemos que la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) dispone que son deducibles para efecto de la determinación de la base imponible del (IR) los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. La condición de incobrable no resultará aplicable cuando se trate de deudas entre partes vinculadas, deudas garantizadas (hasta por el monto de la garantía), ni deudas renovadas.

El punto relevante radica en el procedimiento a seguir y las condiciones que deben observarse para que la deducción de la provisión o del castigo de estas deudas resulte efectivo para fines fiscales y no sea susceptible de reparo ante una posterior fiscalización por parte de SUNAT. En tal sentido, tenemos que las principales disposiciones para evitar un reparo de este tipo son las siguientes:

  • Para efectuar la provisión de deudas incobrables la normativa del IR recoge las siguientes reglas:
  • El carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable.
  • Para acreditar que la deuda es incobrable se requiere que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad. Esto último mediante las siguientes opciones:
  • Análisis periódicos de los créditos concedidos, u otros medios aplicables; o,
  • se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie: i) las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda, ii) el protesto de documentos, iii) el inicio de procedimientos judiciales de cobranza, o iv) que hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha.
  • La provisión de la deuda de cobranza dudosa deberá figurar en el Libro de Inventarios y Balances en forma discriminada al cierre de cada ejercicio.

En este extremo debemos mencionar que el Tribunal Fiscal mediante la Resolución 8816-9-2018 ha señalado que, para sustentar la realización de acciones de cobro cuando aún no transcurren 12 meses desde el vencimiento de la deuda se debe tomar en consideración lo siguiente:

  • La carta notarial no acredita las acciones de cobro si es que no se detallan las fechas de vencimiento, los números de las facturas, y los montos adeudados.
  • La solicitud de arbitraje no acredita la gestión de cobranza en tanto no se encuentra dirigida al deudor.

Por otra parte, el Informe 25-2020-SUNAT/7T0000 establece que no son deducibles como provisión de cobranza dudosa las deudas contenidas en un Plan de Reestructuración o en un Acuerdo Global de Refinanciación, aprobados de acuerdo con las disposiciones de la Ley General del Sistema Concursal (LGSC).

  • En lo que respecta al castigo de las deudas de cobranza dudosa resultan aplicables las siguientes reglas:
  • La deuda debe haber sido provisionada y a su vez se requiere que se cumplan con las siguientes disposiciones:
  • Se debe ejercitar acciones judiciales hasta establecer la imposibilidad de la cobranza. Ello excepto cuando se demuestre que es inútil ejercitar las acciones judiciales o la deuda sea menor a 3 UIT.
  • Si es que se va a castigar cuentas de cobranza dudosa a cargo de personas domiciliadas que hayan sido condonadas mediante transacción, deberá emitirse una nota de abono en favor del deudor.
  • Si el castigo va a realizarse respecto a créditos condonados o capitalizados mediante acuerdo de la Junta General de Acreedores, el acreedor deberá abrir una cuenta de control para efectos tributarios.

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Así pues, estos son elementos a ser tomados en cuenta por parte de las empresas que se vean afectadas por la ruptura de la cadena de pagos en desmedro de sus intereses, con el objetivo de recuperar vía deducción la carga fiscal asumida con el devengamiento de los ingresos generados conforme a la normativa del IR.

Finalmente tenemos que al inicio de este artículo comentábamos que una de las medidas que ha tomado el gobierno para evitar la ruptura de la cadena de pagos es el Programa, por lo que resulta necesario cuestionar si es que el acogimiento a éste por una compañía puede ser considerada por sus acreedores como un medio suficiente para establecer que la deuda pendiente devendrá en incobrable. Consideramos que la respuesta es negativa, pues es justamente uno de los objetivos del Programa el que las empresas se mantengan a flote, dotándolas para ello de facilidades para el acceso a financiamientos canalizados a través de la banca privada. Siendo ello así, el simple acogimiento no va a significar la existencia de un elemento objetivo que permita acreditar la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible la incobrabilidad de la deuda.