ZegarraLaw: La intervención del Estado en los contratos privados como consecuencia del COVID-19: En la mayoría de casos es la interacción de los agentes económicos la que regula de manera eficiente el mercado

El artículo 62º de la Constitución Política de 1993 consagra algunas de las más importantes libertades y garantías de la economía social de mercado, como son: la libertad contractual, la santidad de los contratos y la igualdad jurídica del Estado dentro de los contratos-ley.

Adolfo Zegarra Aguilar, Socio principal de Zegarra Aguilar & Delgado Zegarra-Ballón Abogados, azegarra@zegarralaw.com

En pocas palabras la Ley Fundamental deja establecidos algunos candados para la seguridad y confianza de los inversionistas frente a cualquier eventual injerencia del Estado en el ámbito de los contratos. Es, por tanto, la voluntad de los propios agentes económicos la llamada a contratar, modificar o terminar relaciones jurídico-patrimoniales. Cosa distinta ocurre cuando se trata de la prestación de servicios públicos esenciales que por razones de falta de competencia exige al Estado una participación más activa, para evitar distorsiones en la formación de precios y el consecuente perjuicio a los ciudadanos. Para esto existen los llamados reguladores.

Al respecto, durante las últimas semanas, dadas las consecuencias de la paralización de la Economía como producto de la Emergencia Nacional e inmovilización social declaradas por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, el Decreto Supremo Nº 064-2020-PCM y el Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM, desde del 16 de marzo pasado hasta el 10 de mayo próximo, sin mayores detalles de cómo será la tan esperada reactivación, hay quienes están a la espera de medidas de apoyo del Estado para evitar el colapso en sus actividades. Pero esta vez no se trata de disposiciones que permitan allanar el camino a la suspensión perfecta de la relación laboral, de beneficios fiscales o acceso al crédito con bajas tasas de interés; sino, más bien, de la reducción de las prestaciones a su cargo en los distintos contratos comerciales en los que se han obligado. Uno de estos casos concretos es el de los arrendamientos, generalmente celebrados a largo plazo dentro de centros comerciales o grandes extensiones de terrenos donde se han efectuado importantes inversiones. Sobre esto, el gobierno no se ha pronunciado y lo más probable es que no atienda pedidos de este tipo. Simplemente no es posible.

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El citado artículo 62º de la norma constitucional señala expresamente que “Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”. Evitando así la intromisión del gobernante en las relaciones privadas. Por ello, cualquier acto legislativo contrario al sentido de la regla transcrita resulta inconstitucional, aun cuando exista un Estado de Emergencia, puesto que, conforme al artículo 137º de la misma norma, se puede suspender o restringir los derechos relativos a “la libertad y la seguridad individuales, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio” en ciertos casos; pero en ningún supuesto los derechos o garantías económicas. Esto resulta meridianamente claro en el horizonte comercial. Y, aun en el tema de la educación –tan controvertido últimamente-, que siendo un servicio público esencial, por estar inmerso en un mercado donde coexisten diversos competidores que permiten al usuario escoger, el Estado no interviene de manera directa regulando precios, sino apela a requerir mayor transparencia a los proveedores de dicho servicio. Enfoca el problema como una asimetría informativa y no como una polémica de costos.

En este escenario, cuando la opción válida es la de no fracturar la ligación contractual, donde, por ende, no cabe la declaración de la “fuerza mayor” del 1315º del Código Civil, para abandonar el contrato. Ni la “excesiva onerosidad de la prestación” del 1440º del mismo cuerpo legal, por la complejidad en la probanza del supuesto que sustenta dicha figura, así como el ambiente hostil que generaría entre las partes al ventilarse las controversias en el fuero  jurisdiccional o arbitral. Ni mucho menos, como ya se ha planteado anteriormente, la intervención directa del Estado; es la mano invisible de A. Smith la que presenta la solución más optima. Entiéndase, un acuerdo cooperativo de los implicados.

Así tenemos que, bajo la perspectiva jurídica, al tratarse de una situación externa, extraordinaria e imprevisible que impacta a ambas partes, arrendadores y arrendatarios, y que no es imputable a ninguna de ellas, la base de cualquier decisión es la “buena fe contractual” dentro de la que “los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse”, tal como lo expone el numeral 1362º del código sustantivo, que más allá de ser un imperativo legal resulta la puerta más apropiada para un desenlace eficiente; o, al decir de R. Coase, la solución con menores costos de transacción. Explicaremos porqué a continuación.

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Imaginemos por un momento que i) el Estado interviene y obliga a reducir los precios de los arrendamientos o, peor aun, permite que los arrendatarios queden en posesión sin tener que pagar temporalmente. Ello sería funesto, al margen de la infracción constitucional, claro está. En efecto, de darse lo dicho, la consecuencia esperada sería un gran perjuicio a los propietarios, pues ellos al vivir de sus rentas verían su capacidad de gasto sensiblemente disminuida, trasladando esta afectación directamente al mercado. Y, si hablamos de crisis, dicha decisión heterónoma no sería ninguna solución. Sería vestir un santo desvistiendo otro. Ahora bien, ii) si los arrendatarios intentan solucionar su desesperación ante el pago de una renta que resulta elevada, iniciando demandas judiciales o arbitrales; mientras llega la sentencia o el laudo, respectivamente –que no se puede predecir en qué sentido serán-, se mantendrá el status quo, es decir, deberán pagar la renta actual mientras ocupen el inmueble, lo cual no los beneficia en nada. Y, iii) Si los arrendadores no toman la decisión de rebajar, de motu propio, el importe de la renta, tarde o temprano, los arrendatarios se irán en busca de un alquiler al alcance de sus bolsillos. Dada esta circunstancia si los arrendatarios en busca de arrendamientos más baratos son muchos, entonces, el valor de las rentas tendrá que disminuir evidentemente. Entonces llegamos a donde hubiéramos llegado antes.

Aquí es donde aparece la mano invisible. Cuando los potenciales arrendatarios en busca de menores precios están frente a muchos arrendadores, generan una baja de precios. Conclusión, si la reducción de las rentas se da por consenso, el arrendador no pierde el flujo que le viene generando el arrendamiento y el arrendatario no tendrá que perder el local ni todo lo que ello implica. En consecuencia, el mercado sigue funcionando normalmente. Si no hay una transacción privada, al amparo de la buena fe contractual, igual los precios disminuirán, aunque con mayores costos para los implicados.

Finalmente, podemos concluir señalando que se debe reconocer la importancia del rol que viene jugando el texto constitucional de 1993 en el funcionamiento económico del país. La economía social de mercado y con ella sus principios y garantías económicas son una protección a la estabilidad el mercado, pues resulta flexible cuando corresponde y suficientemente sólida cuando debe preservar sus relaciones de intercambio dentro de una esfera de libertad.

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