ZegarraLaw: ¿Estado empresario, Estado planificador?: La descabellada propuesta de regresar a la Constitución del 79

Luego de casi treinta años en los que muchos hemos aprendido que buena parte del desarrollo del país, se gesta como producto de un círculo virtuoso que se inicia con  inversión privada, que a su vez, genera empleo, consumo y pago de impuestos, no existe forma alguna de imaginar cómo sería volver a la Constitución del 79.

Adolfo Zegarra Aguilar, azegarra@zegarralaw.com, Socio principal de Zegarra Aguilar & Delgado Zegarra-Ballón Abogados

Solo podemos decir que al amparo del régimen económico constitucional de aquel entonces, nuestro país cobijó, con el dinero y  esperanzas de todos los peruanos, a una inmensa e ineficiente burocracia que no trajo nada bueno. Una banca de fomento que poco o nada ayudó realmente a los sectores correspondientes y un sin número de empresas estatales en déficit y permanentemente subsidiadas. Personas jurídica suigeneris que jamás compitieron por ser mejores, únicamente fungieron como refugio de los amigos del partido de gobierno.

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Por ello, llama la atención el Proyecto de Ley Nº 5162/2020-CR, ingresado a la mesa de partes del Congreso el 12 de mayo pasado, por el congresista Chagua y algunos otros. Dicho proyecto intenta la derogación de la Constitución del 1993 para volver a la anterior. Aunque se advierte desconocimiento legal y una pobre técnica legislativa por parte de los propulsores de este tema, preocupa sobremanera las intenciones populistas de estos improvisados padres de la patria.

Al respecto, debemos dejar en claro que si bien las leyes no generan desarrollo por el solo hecho de existir, estas sí crean condiciones para gestar lo bueno. Definitivamente el impacto es mayor si se trata de la Ley Fundamental. Por tal motivo, si además de volver la mirada al pasado, hojeamos brevemente la abrogada Constitución del 79, advertiremos que frente las exigencias socioeconómicas actuales, el contenido del “Régimen Económico” del viejo texto no solo resulta anacrónico, sino que es terriblemente contradictorio.

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A pesar que ambas normas establecen como sistema económico la “Economía Social de Mercado” y se refieren a la “Libre Iniciativa Privada” como pilar fundamental de dicho modelo, lo cierto es que aluden a cosas distintas. Las disposiciones contenidas entre los artículos 110º y 117º del texto en desuso, constituyen una puerta abierta de manera dramática al Chavismo en su versión más letal. Si queda alguna duda, repasemos, por ejemplo, el contenido del artículo 111º que dice “El Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad de los demás sectores. La planificación una vez concertada de cumplimiento obligatorio”. Sí, hemos leído bien. Dice “planificación” y no se refiere al hecho de esperar el futuro dejando de lado la improvisación, se refiere a intervenir y dirigir la actuación de los privados. Frente a esto, surgen las interrogantes ¿no es acaso la planificación de la economía comunista? ¿no se contradice con lo que señala su propio texto en el artículo 115º en cuanto que la “iniciativa privada es libre”? Entonces ¿cuál es la disposición que vale? Evidentemente, aquella que el convenga al gobierno de turno. O, el Estado planifica o la iniciativa privada es libre, pero no las dos a la vez.  

El numeral 113º narra que “El Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de promover la economía del país”. Abiertamente proclama al Estado como empresario y complementa “con el fin de promover la economía del país”. Teniendo como respaldo a la historia, desconocemos en qué medida el Estado, desde sus empresas, podría “promover la economía”. Francamente el Estado nunca ha sido buen empresario, en ningún lugar. Con este esquema solo se aprecia como resultado una elevación exponencial de la corrupción y un disparo a los pies en materia de promoción de la libre competencia. Justamente todo lo contrario a lo que se necesita.

De otro lado, el artículo 114º prescribe que “la ley puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios”. O sea que, resultaría legal excluir a los privados de alguna parte del sector económico. ¿No es esto opuesto a lo que la economía social de mercado plantea? Desde nuestra humilde opinión, aquí hablar de “reservar” es, cuando menos, escalofriante, pues hay solo una delgada línea entre ello y referirse a “estatizar” o “nacionalizar”. ¿Es esa la realidad que pretenden estos señores? Si ello es así, resulta una propuesta descabellada.

Sobre lo dicho, lo primero que debe entenderse es que, la constitución económica, esto es, la regulación de la economía en el plano constitucional, desde que fue introducida en los textos de mayor jerarquía tuvo como objeto dejar sentadas las “reglas de juego” para que todos supieran qué se puede o qué no. Se trata de una declaración pública para generar confianza en los inversionistas, nacionales y  extranjeros.

Ahora bien, un poco de memoria. Las reglas contenidas entre los artículos 58º y 65º de la Constitución del 93 que hablan de “Régimen Económico” vigente, tuvieron como propósito decirle a propios y extraños, de manera clara y sin ambigüedad justamente que el escenario legal había cambiado. Un nuevo comienzo. Se trataba, entonces, de recuperar la confianza del mundo, acostumbrado a encontrar en el Perú una alternancia de gobiernos civiles y militares, cada cual con sus normas. Imposible apostar por el largo plazo. Con el texto del 93 debía quedar dictaminado que el Perú era un destino confiable. Nuestro país estaba más que quebrado.

Siendo así las cosas, los miembros del Congreso Constituyente Democrático, optaron por continuar en un modelo de “Economía Social del Mercado”, pero sin ser el Caballo de Troya que era la Constitución del 79. Así, el artículo 58º de la norma vigente inicia su declaración de principios económicos estableciendo que: “La iniciativa privada es libre”. De esta manera concitó la atención de los dueños del capital necesario para reflotar el Perú de entonces. Cuando se inició  el fenómeno de globalización, los países se hacían al cual más competitivo para atraer inversión. Se trataba de generar inversión o morir. Por eso, se extrajo, cual cáncer, todo lo referido al estado empresario. Así como a cualquier posibilidad de intervención heterónoma que implicara una contradicción a la “libre iniciativa privada” y que pusiera en riesgo un estado de libre competencia.

Se reforzó el nuevo rol, tamaño y ubicación del Estado con garantías como las incluidas en el artículo 59º al establecer la protección constitucional a la “libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria” y en el 62º al señalar que “Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”. Por si fuera poco, en el artículo 63º, se proclamó que “La inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones”. Dada la coyuntura de inicio de los 90, incluso se afirmó, en el artículo 64º que se garantizaba “la libre tenencia y disposición de moneda extrajera”.        

En conclusión, podemos sostener que en economía las cosas deben ser transparentes y claras, así originan percepciones adecuadas.  Eso no se aprecia del texto del 79. En  una realidad como la actual donde se requiere mucha inversión privada, tanto o más como al inicio de los 90, no se puede dar señales de posibilidad de intervención del Estado dentro de un modelo de economía social de mercado, pues bajo la lógica más elemental, no se puede ser y no ser a la vez. Y, para concluir, consideramos que, en pleno siglo XXI permitirse la quimera de creer que el Estado debe panificar la actividad de los privados o reservarse actividades y  generar tratos dispares entre nacionales y extranjeros, resulta, por decirlo menos, una pesadilla.