ZegarraLaw: Desafíos para la formalidad en la seguridad y salud en el trabajo: Sobre las medidas para el reinicio de actividades

Hace casi tres meses, el Presidente de la República declaró en Estado de Emergencia a todo el país como producto de la pandemia ocasionada por el Covid-19. Dicha disposición que paralizó gran parte de la economía, obligó a todos a cumplir el aislamiento social.

Por: Patricia Bellido Villarruel, pbellido@zegarralaw.com, Asistente legal en Zegarra Aguilar & Delgado Zegarra-Ballón Abogados

Dentro de las primeras medidas que emitió el Estado para evitar la propagación del virus, incluso antes de declarar el Estado de Emergencia, se encuentra la Resolución Ministerial 055-2020-TR. Esta buscaba proteger la salud de los trabajadores, otorgando lineamientos específicos a los empleadores para que se atiendan oportunamente los diagnósticos o presuntos casos de contagio del Covid-19 dentro del centro de trabajo.

Dichas normas fueron cumplidas especialmente por las empresas que continuaron trabajando durante el Estado de Emergencia. Esta regulación se materializó en protocolos de prevención y control de la enfermedad.

Asimismo, con el objeto de seguir salvaguardando la seguridad y salud de los trabajadores, se publicó, más adelante, la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA, que  establece, entre otras obligaciones, que los empleadores deben contar con un Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19, sobre el eje de los siguientes lineamientos:

  • Limpieza y desinfección del centro de trabajo.
  • Evaluación de la condición de salud de los trabajadores para el regreso o reincorporación.
  • Lavado y desinfección de manos.
  • Sensibilización de la prevención del contagio.
  • Medidas preventivas de aplicación colectiva.
  • Medidas de protección personal.
  • Vigilancia de la salud de los trabajadores en el contexto del Covid-19.

Complementariamente, de la mano con el Decreto Supremo Nº 080-2020-PCM, los diferentes sectores a través de Resoluciones Ministeriales y Viceministeriales han normado la elaboración de protocolos sanitarios y criterios de focalización territorial que deben ser observados para el reinicio o adecuación de actividades. 

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En ese sentido, para la elaboración del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del Covid-19, debe seguirse:

1) Los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA, sus modificatorias y complementarias;

2) Los requisitos sectoriales para protocolos sanitarios; así como,

3) Los criterios de focalización territorial establecidos para cada sector.

El plan debe ser aprobado por el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, e inscrito ante la autoridad competente de cada sector para obtener la aprobación sectorial. Finalmente, con dicha aprobación se procede a su registro en el Sistema Integrado de Covid-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud. Hasta aquí todo parece muy sencillo.

La iniciativa del Estado es buena, ya que busca la protección de los trabajadores. Empero, el cómo de dicha decisión viene generando, evidentemente, más obligaciones y costos para el empleador. No solo por la elaboración e implementación de las medidas requeridas, sino además por tener que adquirir y entregar equipos de protección personal de acuerdo a la exposición al virus, la enfermera o el médico ocupacional y  realizar pruebas serológicas o moleculares a los trabajadores.

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Pero fundamentalmente por la incertidumbre en el trámite para algunos agentes económicos. Desde que se iniciaron estos trámites es verdad que las cosas se han simplificado, pero no para todos. El trámite sigue siendo engorroso para mucho, pues a pesar de haber cumplido con los requisitos, no tienen respuesta. Y simplemente no hay a quién acudir, solo direcciones electrónicas que nunca responden.

Por otro lado, existen múltiples disposiciones en los protocolos y en los criterios de focalización territorial, incluso en un mismo sector, que cambian de la noche a la mañana, sin la difusión adecuada.

Algo que, dada nuestra experiencia diaria, nos permite apuntar claramente es que las  disposiciones no consideran el tamaño o el rubro de la empresa, ya que todos los empleadores están obligados a contar con el Plan. En consecuencia, para la mayoría de las empresas, implementar el referido Plan se hace costoso en tiempo y dinero. Mientras tanto no pueden vender. Aunque algunos sí lo hacen, a pesar de no llegar a la obtención de los permisos. Esta consecuencia de informalidad repercute directamente en la salud de los trabajadores. Obligados a trabajar bajo medidas de protección no adecuadas.

En ese sentido, al no contar con una cultura de prevención, en todos los niveles, podemos mencionar que, para alcanzar los objetivos que se propone el Estado y realmente obtener un sistema integrado que abarque la seguridad y salud en el trabajo, la regulación debe generar incentivos para su cumplimiento y no al revés.