Zegarra Law – Estado de emergencia nacional: ¿Y qué sucede con las Asociaciones Civiles?

La actual pandemia generada por la Covid-19 nos tomó a todos por sorpresa, no sólo a personas naturales con planes inmediatos o a corto plazo para este año 2020, sino también a personas jurídicas con acuerdos pendientes de adoptar, propios de su actividad.

Por: Cinthya Cuya Bustamante, Socia  – Jefe del Área Corporativa de Zegarra Aguilar & Delgado Zegarra Ballón Abogados – ccuya@zegarralaw.com

Ante esta situación, desde el inicio del estado de emergencia nacional por el D.S. N° 044-2020-PCM, hasta el día de hoy, hemos visto algunos esfuerzos e iniciativas por parte del Estado y los propios órganos de las personas jurídicas, para superar esta situación imprevista.

Así, muchos accionistas de Sociedades Anónimas Cerradas (S.A.C.) acudieron a revisar detenidamente sus estatutos para verificar si podían reunirse en Junta General  de manera no presencial, y se dieron con la sorpresa que su Estatuto no regulaba esta situación, pero, descubrieron que la Ley General de Sociedades, en su artículo 246,  no sólo regula el tema de las juntas no presenciales, sino que los faculta a celebrarlas incluso si no hubieran sido previstas por ellos, en el estatuto de la sociedad. Asimismo, sus directores hicieron lo propio, percatándose  que si su estatuto no lo preveía, no podrían llevar a cabo sesiones no presenciales, tal como lo establece el artículo 169 de la Ley General de Sociedades.

De igual forma que en el caso del Directorio de una S.A.C., los accionistas de Sociedades Anónimas Ordinarias se dieron cuenta que solo podrían celebrar Juntas de Accionistas de manera no presencial, si su estatuto lo establecía.

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Por otro lado, en el caso de las sociedades bajo competencia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), ante la falta de normativa, el Gobierno, mediante el Decreto de Urgencia N° 056-2020, dispuso que mientras dure el estado de emergencia nacional y hasta noventa (90) días hábiles de culminada la vigencia del mismo, se encuentran autorizadas excepcionalmente, para convocar y celebrar juntas generales o especiales de accionistas de manera no presencial o virtual, mediante el uso de medios tecnológicos o telemáticos y de comunicaciones, aun cuando su respectivo estatuto no reconozca tal posibilidad. Asimismo, con el fin de convocar a dichas juntas de accionistas, se autoriza que los directorios de las mencionadas entidades, pueden sesionar de manera no presencial o virtual.

En el caso de personas jurídicas no societarias[1], la incertidumbre se presentó de forma similar, al no existir normativa clara alguna que logre despejar sus dudas o regule de alguna forma la posibilidad de sesionar de forma no presencial, salvo lo señalado en el artículo 14 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas[2], que vale decir, al remitirse únicamente a las leyes que regulan dichas personas jurídicas o a sus estatutos, no otorga solución alguna a esta situación, considerando por ejemplo que en el Código Civil (tratándose de personas jurídicas reguladas por éste) no se regula estos supuestos, y que en muchos estatutos tampoco se contempló esta posibilidad.

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Ante esta situación, el Estado lanzó un salvavidas a las cooperativas, emitiendo el Decreto de Urgencia Nro. 075-2020 y la Ley Nro. 31029, por la que no sólo se les da facilidades a la asamblea general, consejos y comités para sesionar de manera no presencial hasta el 30 de mayo del 2021, sino que además precisa que sus consejos directivos y comités, continuarán en funciones aunque hubiese concluido su periodo, mientras no se produzca nueva elección. Definitivamente estas normas han cubierto las necesidades de las cooperativas.

¿Y las demás personas jurídicas no societarias, tales como las Asociaciones Civiles?, ¿acaso el desenvolvimiento y continuidad de sus actividades no merecían ser incluidas dentro de dichas disposiciones o reguladas a través de normativa especial?. Lo cierto es que no han sido incluidas, y tampoco, a la fecha, existe normativa alguna que regule sus problemas actuales como:

1. La imposibilidad de sesionar de manera no presencial, tanto para su asamblea general como para sus consejos directivos, en caso sus estatutos no lo permitan.

2. La imposibilidad de que sus órganos de dirección, como lo es el consejo directivo, pueda adoptar acuerdos válidos, cuando el periodo de su designación ha vencido. Al respecto, se debe tener en cuenta que a la fecha, el artículo 47 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, referido anteriormente, faculta únicamente a los consejos directivos no renovados, a convocar a la asamblea general eleccionaria, pero no existe norma similar a la existente a la fecha para las sociedades (artículo 163 de la Ley General de Sociedades) que regule una presunción de que el órgano directivo puede seguir con sus funciones mientras no se produzca nueva elección. Estamos ante lo que comúnmente se conoce como acefalía de las asociaciones, tema de discusión y análisis abordado por varios autores hasta la fecha, y que, a pesar que en la actualidad se presente como un problema real y latente, ni en el estado de emergencia nacional se ha encontrado una solución.

No cabe duda que para las asociaciones civiles que se encuentran bajo estos supuestos (acefalía de órganos de dirección e imposibilidad de sesionar de manera no presencial porque sus estatutos no lo permiten, ni existe ley que lo apruebe) se encuentran en un círculo vicioso, al no poder precisamente renovar su consejo directivo porque la asamblea general no puede sesionar de manera presencial, por las restricciones a la libertad de reunión dispuestas por el Gobierno, para prevenir el contagio de la COVID – 19, aún vigentes;  y no poder sesionar de manera no presencial, por la falta de normativa ya indicada; situación que se agrava en aquellas asociaciones con un número considerable de asociados.

Finalmente, si bien a la fecha a través de un proyecto de ley existe la iniciativa de poder regular que los órganos colegiados de diferentes personas jurídicas, incluidas dentro de éstas las asociaciones, puedan instalarse de manera no presencial, aún no se cuenta con norma alguna aprobada en tal sentido, ni tampoco existe normativa que brinde solución a otros casos, como el de la acefalía de las asociaciones aquí señalada, problemática que urge de atención y solución.

[1] Tales como las asociaciones, fundaciones, comités, cooperativas, personas jurídicas creadas por Ley, así como cualquier persona jurídica distinta a las Sociedades y a las empresas individuales de responsabilidad limitada.

[2] Aprobado mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos Nro. 038-2013-SUNARP-SN

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