Informe 2020-II de libertad de expresión en el Perú para la Sociedad Interamericana de Prensa

CPP.- El balance de las tres fuerzas agresoras de la libertad de expresión en el Perú varió considerablemente en el último semestre. De las tres fuerzas –ataques legislativos, falta de transparencia y ataques judiciales– empeoraron las dos primeras.

La entrada de operaciones del Congreso abrió un nuevo frente de agresión para la libertad de expresión: el intento de regular sin criterios técnicos la publicidad estatal. En el semestre anterior la agresión legislativa se había desinflado por completo por la disolución del Congreso 2016-2019.

La falta de transparencia fue notoria este último semestre tanto desde el Congreso como del Poder Ejecutivo. Varias conferencias, sesiones y debates no contaron con la suficiente transmisión, presencia de periodistas ni con la posibilidad de hacer preguntas y repreguntas. En algunos casos la situación continúa hasta hoy.

El único apartado que se redujo fue el de ataques judiciales a periodistas a nivel agregado, aunque persisten ensañamientos contra algunos de ellos. La justicia por el asesinato de dos periodistas hace más de treinta años se aleja con la suspensión de juicios orales, un apartado que ofrecía esperanzas el semestre pasado.

La libertad de expresión en el Perú ha decaído en el último semestre por el fortalecimiento de dos de las tres principales fuerzas de agresión. Con un Congreso que podría regular sin criterios técnicos la publicidad estatal y sin justicia por asesinatos a periodistas, no es de esperarse un próximo semestre con mejoras.

Ataques legislativos

Con la entrada en funcionamiento del nuevo Congreso regresaron las amenazas legislativas a la libertad de expresión en el Perú. En el semestre anterior, tras la disolución del Congreso y con un periodo de interregno sin operaciones del Legislativo, este reporte señaló que “sin el Congreso en funciones, los ataques legislativos a la libertad de expresión de los peruanos se redujeron dramáticamente en el último semestre. No hubo iniciativas ni proyectos de ley que puedan perjudicar a corto ni largo plazo la libertad de expresión de los peruanos ni el ejercicio del periodismo”.

Esto supone un importante cambio respecto del anterior semestre, aunque no al nivel de amenaza a la libertad de expresión que representaba el Congreso disuelto.

  • Publicidad estatal: en septiembre del 2020 se dio la principal ofensiva legislativa a la libertad de expresión con la aprobación de un dictamen para regular la publicidad estatal en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. Éste recoge una serie de proyectos de ley presentados en esa comisión con un objetivo principal: priorizar a los medios de comunicación de menor tamaño en la asignación de publicidad estatal (distritales, provinciales y regionales). Este dictamen no recoge un criterio técnico de evaluación de alcance –ya sea sintonía, lectoría o rating– para asegurar un gasto responsable de los recursos del Estado, por lo que no se entiende cómo asegurará el Estado que su publicidad llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posible. Asimismo, no obliga al Poder Ejecutivo a presentar un balance que transparente los gastos en publicidad.
  • Radio y televisión: en octubre del 2020 se presentó un predictamen, aprobado también en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, para cambiar la ley de radio y televisión. Uno de los cambios propuestos busca regular la objetividad periodística, aunque no se especifica cómo ni en qué contextos, espacios ni plataformas.

Acciones judiciales y agresiones contra periodistas

En el último semestre la cantidad de querellas por difamación presentadas y ataques contra periodistas se redujo, aunque el ensañamiento contra algunos de ellos continúa. Marca un perjudicial precedente que dos juicios orales por asesinatos de periodistas hayan sido suspendidos sin una fecha de reprogramación, una variable que en el informe anterior se consideraba positiva por el supuesto inicio de ambos en abril de este año.

  • Caso repartidores: repartidores de periódicos en varias ciudades del Perú fueron intervenidos por policías y militares durante la cuarentena por realizar su labor de entrega de medios de comunicación impresos. Fueron llevados a diversas comisarías, aunque liberados al poco tiempo. En la provincia de Chepén, en la región de La Libertad, el municipio intentó prohibir la venta de diarios a los vendedores callejeros aunque sin mayores efectos.
  • Caso Carlín: en abril el caricaturista conocido como Carlín recibió varias amenazas de muerte por una caricatura que hizo para el diario La República sobre el expresidente Alan García en el aniversario de su suicidio.
  • Caso Bustíos: el juicio oral que se seguiría al actual congresista Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988 fue reprogramado en dos ocasiones. Debía iniciar en abril, pero fue suspendido por la pandemia hasta el 2 de septiembre, cuando volvió a ser reprogramado porque Urresti presentaba presuntos síntomas de coronavirus, aunque luego del tiempo en el que se descarta la enfermedad no hubo ningún otro pronunciamiento. No se ha establecido una fecha próxima.
  • Caso Ayala: también se suspendió el juicio oral por el asesinato del periodista de La República Jaime Ayala, ocurrido en 1984. Iba a realizarse el 8 de abril. Hoy no se tiene fecha certera de su reprogramación.
  • Caso Expreso: el diario Expreso denunció haber sido víctima de un intento de hackeo en junio del 2020. Afirmó no ser la primera vez.
  • Caso Cajamarca: el gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, advirtió a los periodistas de la provincia de Jaén que “cualquier cosa les puede pasar” si continúan publicando información que perjudica al político.
  • Caso Salinas: el periodista Pedro Salinas denunció en septiembre que unos sujetos le hacían seguimiento en los alrededores de su vivienda, al sur de Lima, y que preguntaban y ofrecían pagar por información concerniente a él. Salinas es autor de una investigación sobre abusos sexuales y psicológicos cometidos por la organización religiosa Sodalicio Vida Cristiana.
  • Caso Ugaz: a finales de octubre se abrió un nuevo juicio de difamación contra la periodista Paola Ugaz, que investiga al grupo religioso Sodalicio Vida Cristiana por abusos sexuales y psicológicos. En la audiencia no se permitió el ingreso de dos observadores. Asimismo, el 12 de noviembre continuará otro caso contra la periodista presentado por Alberto Gómez de la Torre, cercano al Sodalicio. Ugaz, amenazada constantemente a través de redes sociales, tiene una querella más por difamación. La periodista actualmente se prepara para publicar un libro sobre los negocios de este grupo.

Transparencia y acceso a la información pública

  • La pandemia originada por el coronavirus abrió una oportunidad para que el Poder Ejecutivo relajara la transparencia durante las conferencias que casi a diario brindó el presidente Martín Vizcarra entre marzo y junio. A las conferencias, en las que se informaba sobre los avances en la lucha contra el coronavirus, no asistían periodistas física ni virtualmente. Poco antes de cada una de ellas los periodistas enviaban preguntas a través de un grupo de WhatsApp y éstas eran sorteadas para escoger un máximo de cinco que se hacían de modo asincrónico al presidente. Por tal motivo, los periodistas no podían hacer repreguntas ni preguntar sobre la conferencia brindada ese día. Preguntado sobre esto, Vizcarra respondió: “pregunten mañana”. El hermetismo durante las conferencias de prensa continúa.
  • Sin un Congreso operando físicamente en el palacio legislativo y haciéndolo principalmente con sesiones virtuales por los mandatos de distanciamiento social, se dieron quejas por la falta de transparencia de las sesiones y de acceso a éstas. Con el tiempo algunas de ellas fueron atendidas. El debate legislativo apurado durante varias madrugadas de trabajo evitó que la ciudadanía pudiera estar alerta a las labores del Congreso.

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