ZegarraLaw: La derogatoria del ITF y el beneplácito a la evasión fiscal

En las siguientes líneas analizaremos brevemente algunos de los alcances del proyecto de ley 5626/2020-CR denominado “Ley que elimina el Impuesto a las Transacciones Financieras”, y las razones por las que me encuentro en desacuerdo con las disposiciones contenidas en dicho proyecto.

Gonzalo Escalante – Jefe del Área Tributaria gescalante@zegarralaw.com

En primer término, tenemos que el nombre del proyecto hace entender que el único extremo que se pretende derogar de la Ley 28194 es su capítulo III donde se regula el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF); sin embargo, el proyecto de ley dispone en su artículo 1 que ésta “(…) busca derogar la Ley 28194, que crea el Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF, y sus modificatorias.” Así pues, el objetivo perseguido por el proyecto de ley es derogar la totalidad de la Ley 28194, dentro de la que se recogen también las disposiciones vinculadas con la obligación de bancarizar las transacciones por parte de los administrados, además de las regulaciones vinculadas al ITF.

La ley 28194 dispone respecto a la obligación de bancarizar que la entrega o devolución de fondos dentro de un contrato de mutuo, así como las transacciones superiores a S/ 3,500 o USD 1,000 deberán realizarse utilizando medios bancarizados para surtir efectos fiscales. Es pues, como consecuencia de esta regulación que las operaciones que se lleven a cabo sin utilizar los medios de pago recogidos en la mencionada ley (transferencia de fondos, tarjetas de crédito, cheques con cláusula de no negociables, etc.) no permitirán sustentar el costo computable ni la fehaciencia de las operaciones, entre otros efectos. Entonces, la iniciativa normativa va a permitir que los administrados efectúen operaciones sin recurrir al sistema con lo que se limitan los controles que puede aplicar el fisco según se detalla más adelante.

Volviendo en específico al ITF tenemos que una de las razones en las que se sustenta la propuesta de eliminación del tributo es, según lo dispuesto en la exposición de motivos del proyecto de ley, que el ITF “fomenta informalidad y evasión”.

Esta afirmación resulta por demás paradójica, pues si es que hay algún efecto positivo de la entrada en vigor del ITF en nuestro ordenamiento tributario es que ha dotado a la Administración Tributaria de los mecanismos suficientes y adecuados para identificar la emisión de facturas falsas, incrementos patrimoniales, operaciones no reales, minería ilegal, transferencias ficticias y el ocultamiento de rentas de fuente extranjera. (1)

En el Diario de los Debates de la Segunda Legislatura Ordinaria del 2003 donde se discutía sobre la inclusión del ITF en nuestro ordenamiento tributario se señala que uno de los objetivos de este tributo es que: “2. Rastrea el dinero proveniente de la evasión tributaria por las actividades ilícitas.” Posteriormente se indica que “Con relación al segundo objetivo del ITF, rastrear dinero proveniente de la evasión tributaria y las actividades ilícitas, conviene señalar que en el Perú el lavado de dinero, producto del contrabando, la subvaluación y el narcotráfico, genera entre dos mil y tres mil millones de dólares. Por eso, Michael Camdessus ha dicho: “El lavado de dinero representa entre 3% y 5% del PBI de los países”. (2)

Queda pues en evidencia que uno de los objetivos primordiales del ITF es dotar a la Administración Tributaria de información necesaria para perseguir prácticas evasivas como las mencionadas líneas arriba. Y es en observancia a este objetivo que la tasa actual del ITF es de 0.005%, la cual no nos permite afirmar que el objetivo principal del tributo sea la recaudación.

Ahondando un poco más en los argumentos del proyecto de ley, tenemos que en la exposición de motivos se indica también “(…) que los ahorros se han visto afectados, pues la razón es muy simple, el informal y los evasores no depositan su dinero en el sistema financiero porque lo detectarían, por eso señalamos que la ley del ITF fomenta la informalidad y evasión. (…)”.

De este argumento únicamente podemos indicar que resulta absolutamente falaz. El razonamiento descrito reviste la siguiente lógica: En tanto existe una consecuencia “perniciosa” (detección de las transacciones dinerarias) como consecuencia de la aplicación de una norma (Ley 28194) para un sujeto con motivo del desarrollo de una acción (realizar transacciones utilizando el sistema bancario), y este sujeto busca evitar dicha consecuencia, nos encontramos ante una norma que fomenta el incumplimiento de la acción que da lugar a las consecuencias consideradas perniciosas. Bajo el razonamiento esgrimido en el proyecto de ley todas las normas que implican observar algún grado de formalidad fomentarían la “informalidad y evasión” para usar la terminología del proyecto de ley. Siguiendo la lógica descrita y yendo un paso más allá podríamos considerar que la emisión de comprobantes de pago también fomenta la “informalidad y evasión”, ello en tanto los informales y los evasores van a evitar emitir comprobantes de pago ya que ello implicaría ponerse bajo la mira del ente fiscal.

Resulta entonces evidente que el razonamiento expresado y recogido en el proyecto de ley 5626/2020-CR resulta peligroso y nocivo para los esfuerzos efectuados por el fisco para formalizar la economía al proscribir el uso de una de las principales herramientas que tiene para rastrear y verificar el origen de los fondos de los administrados. Así las cosas, la ley propuesta tiene como objetivo retirar del escrutinio fiscal a las transacciones financieras con lo que se restringe la posibilidad que SUNAT identifique aquellos fondos que puedan venir de prácticas evasivas. Hecho que en último término no hace sino facilitar a los agentes económicos la posibilidad de eludir es control fiscal, con lo cual se erosionará la base imponible y se privará al Estado de fondos tan necesarios en las circunstancias actuales que ya todos conocemos.

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